Mediante la Resolución 000052 del 17 de marzo de 2025, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  definió el marco jurídico para el ejercicio de las labores de inspección, vigilancia y control sobre las asociaciones campesinas y las asociaciones agropecuarias nacionales, sean o no agremiaciones, respecto al cumplimiento de sus estatutos, leyes y decretos relacionados con su constitución y funcionamiento; así como determina el marco sancionatorio aplicable cuando la autoridad competente compruebe que las asociaciones antes mencionadas del orden nacional, municipal, departamental o regional, en ejercicio de su actividad no cumplan o excedan los límites impuestos por la ley, por la voluntad de sus fundadores o por sus propios estatutos.

Los aspectos más relevantes de la nueva normatividad, que serán aplicables a partir de la fecha para las asociaciones campesinas y las asociaciones agropecuarias, son:

• En el marco de las funciones de inspección, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podrá solicitar, requerir y analizar toda la información necesaria, con el objeto de establecer de manera general el cumplimiento del régimen jurídico aplicable por parte de las asociaciones campesinas y las asociaciones agropecuarias nacionales, sean o no agremiaciones. Para tal fin, podrá requerir documentos, libros, cuentas, estatutos y balances de cada ejercicio; generar alertas para iniciar la etapa de vigilancia o de control; elaborar informes; practicar visitas de inspección, así como cualquier otra prueba consagrada en la ley, para verificar hechos o circunstancias relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias; instruir a las asociaciones sobre la manera en que deben cumplirse las disposiciones legales o estatutarias relacionadas con su funcionamiento; interrogar bajo juramento y con observancia de las formalidades previstas en el Código General del Proceso a cualquier persona cuyo testimonio se requiera para el esclarecimiento de hechos relacionados con una investigación; realizar auditorías y seguimiento de las actividades; y todas las demás facultades que se deriven de la función de inspección para solicitar, requerir y analizar la información que se requiera con el objeto de establecer de manera general el cumplimiento del régimen jurídico aplicable a los sujetos pasivos de la normatividad.

• En el marco de las funciones de vigilancia, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podrá desplegar acciones de advertencia, prevención y orientación encaminadas a que las actuaciones de los sujetos pasivos se ajusten a la normatividad que los rigen; decretar y practicar pruebas que determine conducentes, pertinentes y útiles, y emitir informes sobre su práctica; realizar visitas de verificación y valoración, así como emitir los informes sobre las mismas; definir las acciones necesarias para corregir las irregularidades e infracciones que se evidencien en las visitas de verificación y valoración; emitir instrucciones y lineamientos orientadores encaminados a que los sujetos ajusten sus actuaciones al ordenamientos jurídico; y todas aquellas que se deriven de la función de vigilancia, para que las asociaciones objeto de la normativa se ajusten al ordenamiento jurídico. 

Igualmente, a partir del año lectivo, las asociaciones campesinas y las asociaciones agropecuarias, sean o no agremiaciones, deberán presentar ante la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a más tardar el último día hábil del mes de abril, el informe de cierre de ejercicio de la vigencia anterior, el cual debe contener los balances, estados financieros, las actas de asamblea general y los documentos aprobados en la asamblea, así como los demás que se estimen pertinentes, so pena de ser sancionadas con las medidas preventivas o correctivas previstas en la nueva regulación. 

• En el marco de las funciones de control, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podrá ordenar la adopción de medidas preventivas o correctivas; desplegar acciones tendientes al seguimiento a los compromisos producto de las actividades de inspección y vigilancia, y efectuar el traslado de éstos a las partes interesadas y a los organismos de control que se requiera.

• En el marco de las funciones sancionatorias, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podrá adelantar procedimientos administrativos sancionatorios en contra de las asociaciones campesinas y las asociaciones agropecuarias nacionales, sean o no agremiaciones, cuando se determine el mérito para ello, en virtud de lo cual podrá abrir investigaciones, practicar pruebas, formular cargos, adelantar notificaciones, emitir actos administrativos y resolver recursos respectivos en los términos de la normatividad procesal vigente.

• En el marco de las medidas preventivas, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podrá orientar la manera en que se debe cumplir e interpretar el régimen jurídico aplicable; solicitar, diseñar o implementar planes de mejoramiento, desempeño o acción; dar un plazo de treinta (30) días hábiles a la asamblea general para la adopción de las medidas y ajustes necesarios para el cumplimiento del ordenamiento jurídico; ordenar suspensión temporal de los actos ilegales; efectuar la intervención administrativa de la asociación, la cual puede darse mediante un cambio temporal de administración, caso en el cual  podrá remover administradores para evitar afectaciones al sector, o a la asociación por la gravedad de las irregularidades detectadas; y efectuar suspensión temporal de la personería jurídica de la asociación hasta por un término de seis (6) meses, mientras se adelanta la investigación, en caso de que sea un riesgo para el esclarecimiento  de las irregularidades detectadas.

• En el marco de las medidas preventivas y sanciones, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural podrá ordenar previa investigación administrativa, la amonestación escrita a la asociación o al directivo, para que en caso de reincidir en la conducta se imponga otra medida correctiva; la cancelación de la personería jurídica; la imposición de multas diarias sucesivas de hasta ochenta (80) Unidades de Valor Básico (UVB) al valor actualizado a la fecha del pago de la sanción; ordenar modificaciones y cambios en sus estatutos y en el Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro; y ordenar la prohibición temporal o definitiva de ejercer actividades propias de las asociaciones campesinas y asociaciones agropecuarias nacionales, sean o no agremiaciones, incluyendo, pero sin limitarse al cobro de cuotas o dineros a los afiliados.

A su vez, prevé la posibilidad de decretar o pedir la separación del cargo del representante legal o cualquiera de los dignatarios de una asociación campesina o una asociación agropecuaria nacional ante la junta de administración o junta directiva; la imposición de multas personales hasta por Trescientos Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (300 SMLMV), y la prohibición de ejercer cargos directivos en asociaciones campesinas o agropecuarias nacionales o territoriales.

Diversos sectores económicos y académicos han enfatizado que la nueva normatividad representa una amenaza a la libertad de asociación y la autonomía gremial, además de simbolizar una extralimitación de funciones por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por lo que desde ya se anuncian acciones legales para que se estudie la presunta atribución de un poder excesivo para intervenir en las actividades de las asociaciones campesinas y agropecuarias. Frente a la ola de críticas, la cartera agropecuaria ha defendido la  legalidad  de  la resolución, asegurando que su implementación responde a un mandato establecido por la ley, anunciando que el Gobierno Nacional está listo para someterse al control de legalidad judicial y escuchar las inquietudes y recomendaciones  de la ciudadanía.

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