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De la industria

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ARGENTINA ESTÁ AUMENTANDO LAS EXPORTACIONES DE ACEITE DE SOYA Y DE GIRASOL A PRECIOS SIGNIFICATIVAMENTE MÁS BAJOS QUE LOS DE SUS COMPETIDORES

En marzo de 2025, las exportaciones de aceite de soya argentinas alcanzaron las 485 mil toneladas, con India y Nepal como los principales compradores. También se registró un aumento del 17 % en las exportaciones de aceite de girasol respecto a marzo de 2024, además de un crecimiento en las ventas de harina de girasol y soya, lo que evidencia un repunte en la capacidad industrial del país.

Este crecimiento ha sido impulsado por la reactivación de la planta Vicentín, tras un acuerdo salarial que permitirá ampliar el procesamiento de soya y girasol a lo largo del año. En términos de precios, Argentina ofrece aceite crudo de soya entre $998 y $1000/t FOB y aceite de girasol entre $1114 y $1120/t, mientras que en Ucrania el aceite de girasol se comercializa a precios superiores, entre $1140 y $1150/t. Esta diferencia otorga una ventaja competitiva clave para Argentina frente a otros exportadores en el contexto global.

Por otro lado, los futuros del aceite de soya en la Bolsa de Chicago subieron a $1060/t por expectativas de mayor demanda para biodiésel en EE. UU., mientras que los precios del aceite de palma en Malasia se mantuvieron  estables  tras una  leve caída,  debido al aumento de compras por parte de India. A corto plazo, el mercado mundial de aceites vegetales continuará bajo presión por el aumento de oferta desde Argentina y Malasia, en un entorno de menor demanda y desaceleración económica global, lo que podría llevar a una tendencia a la baja en los precios internacionales.

ADM ELIMINARÁ GRADUALMENTE SUS ACTIVIDADES COMERCIALES CON CHINA

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Esta decisión forma parte de un plan más amplio de reducción de costos impulsado por el bajo desempeño financiero de ADM, que en febrero reportó su utilidad ajustada más baja en seis años. Como respuesta, la empresa anunció recortes de hasta 700 empleos a nivel mundial (aproximadamente el 1,7 % de su plantilla) y una meta de ahorro de entre 500 y 750 millones de dólares en los próximos tres a cinco años.

Además de los cierres en China, ADM ha implementado despidos no especificados en su unidad de Servicios Agrícolas y Semillas Oleaginosas, la más grande de la compañía, que abarca desde el procesamiento de semillas hasta la logística y comercialización global de cultivos. Según su vocera, estas medidas están alineadas con los recortes anunciados a inicios del año. El entorno económico también ha impactado negativamente a la compañía, con precios agrícolas en descenso, márgenes de ganancia reducidos, una demanda debilitada por la inflación y tensiones comerciales crecientes entre EE. UU. y China, lo que ha afectado especialmente a las exportaciones agrícolas.

A estos desafíos se suma una investigación voluntaria iniciada por ADM en enero de 2024 sobre posibles irregularidades contables en su segmento de nutrición, lo cual provocó una fuerte caída en el precio de sus acciones. Esta investigación llevó a la revisión de seis años de estados financieros y a la reformulación de algunos resultados en 2024, además de desencadenar dos investigaciones federales. En el caso de China, se estima que entre 40 y 50 empleados serán despedidos, quedando sólo una decena en la oficina de Shanghái.

EL USDA LIBERARÁ FONDOS PARA EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE BIOCOMBUSTIBLES HBIIP

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) anunció una inversión de 537 millones de dólares para financiar 543 proyectos en 29 estados, a través del Programa de Incentivos de Infraestructura de Combinaciones Superiores (HBIIP). Esta medida, que incluye proyectos aprobados durante los primeros 100 días de la Administración Trump, tiene como objetivo expandir el acceso a biocombustibles producidos localmente y reforzar la seguridad energética del país. Según la Secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, el programa permitirá ampliar la disponibilidad de combustibles renovables en estados clave como Iowa, que cuenta con una destacada capacidad de producción de etanol y biodiésel. La inversión se destinará principalmente a mejorar la infraestructura en estaciones de servicio, incluyendo la instalación de bombas y tanques adecuados para ofrecer mezclas como E15 y E85 de etanol, así como B20 de biodiésel.

Además, el USDA indicó que está colaborando con la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para desarrollar políticas que apoyen a la industria de biocombustibles, como la revisión de las Obligaciones de Volumen Renovable (RVO) y la posibilidad de exenciones que permitan la venta nacional de mezclas de etanol al 15 % (E15) durante todo el año. Estas acciones reflejan el compromiso del gobierno estadounidense con la producción de energía limpia a partir de productos agrícolas nacionales, promoviendo una economía más sostenible y brindando nuevas oportunidades para los agricultores y productores de biocombustibles. La expansión de esta infraestructura es clave para facilitar la transición energética y reducir la dependencia de combustibles fósiles importados.

NOVEDADES NORMATIVAS

MINISTERIO DE HACIENDA PUBLICÓ BORRADOR DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL MODIFICARÁ LAS TARIFAS DE AUTORRETENCIÓN Y LAS BASES MINIMAS PARA PRACTICAR LA RETENCIÓN EN LA FUENTE

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público publicó el borrador de decreto mediante el cual pretende modificar las tarifas de autorretención y bases mínimas para practicar la retención en la fuente. Con esta iniciativa de ocho artículos, el Gobierno Nacional espera aumentar el recaudo para el año 2025, justificado en los buenos resultados del sector agropecuario; las adecuadas condiciones de liquidez del aparato productivo; y la necesidad de cerrar la brecha significativa entre las autorretenciones y los impuestos a cargo, en razón a que para la cartera ministerial la autorretención no evoluciona en consonancia con el impuesto a cargo de los contribuyentes, hecho que genera un costo de oportunidad para la administración tributaria, quien no logra recaudar oportunamente los recursos correspondientes.

Para tal efecto, en el marco del proyecto normativo se pretenden modificar diversos artículos del estatuto tributario, aumentando los porcentajes de retención y reduciendo los montos para exceptuar retenciones, los cuales aplicarían desde el primer día del mes siguiente al que se publique la nueva normatividad en el diario oficial. Particularmente, la autorretención a título del impuesto sobre la renta y complementarios se liquidará sobre cada pago o abono en cuenta realizado al contribuyente sujeto pasivo de este tributo, de acuerdo con la actividades económicas y tarifas previstas en la normatividad, donde la actividad económica de elaboración de aceites y grasas de origen vegetal refinados, quedaría con una tarifa de 0,55 %,mientras que la extracción de aceites de origen vegetal crudos, quedaría con una tarifa del 1.20 %. Con el aumento contemplado en las tarifas por parte del Gobierno Nacional, se liberarían entre $7 billones y $13,9 billones para el año 2025, con un recaudo inferior en 2026, permitiendo tener mayor liquidez para cubrir sus gastos contemplados en el Presupuesto General de la Nación (PGN) del año en curso.

Ante la publicación del proyecto normativo, el sector privado destaco que aunque no es previsible ni homogéneo el efecto de las medidas sobre el sector empresarial, hay algunas posibles incidencias que pueden producirse. Inicialmente, dado a que los ajustes normativos empezaran  a  aplicarse  a  mitad  del  segundo trimestre del año, las empresas no pudieron presupuestar los gastos requeridos en autorretención, lo cual puede llevar impactos sobre su actividad productiva y económica, o en el aumento del endeudamiento para contar con la liquidez necesaria para pagar el impuesto; repercutiendo las proyecciones y metas que las empresas han definido para el año 2025, al reducir su capacidad de acción por los límites presupuestales y de liquidez , con eventuales afectaciones en la capacidad de pago o inversión que puedan realizar; todo lo cual igualmente podría impactar sobre el crecimiento económico del país.  

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GOBIERNO NACIONAL LEVANTA EL ESTADO DE CONMOCIÓN INTERIOR EN LA REGIÓN DEL CATATUMBO

Mediante el Decreto 0467 de 2025, el Gobierno Nacional levanto a partir del jueves 24 de abril de 2025 el estado de conmoción interior declarado en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar, el cual había sido decretado el pasado 24 de enero de 2025 por el término inicial de noventa (90) días. A pesar del levantamiento del estado de excepción, la vigencia de medidas extraordinarias previstas en los decretos legislativos 106, 107, 108, 117,118,120,121,134,137,180 y 433 de 2025, se prorrogó por noventa (90) días calendario contados a partir del 24 de abril de 2025, en atención a que se requiere su continuidad con el fin de garantizar la atención del impacto sobre la población afectada por la grave perturbación de orden público que motivó la expedición del Decreto Legislativo 062 de 2025.

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PANORAMA NACIONAL

DIAN ANUNCIA ESTRATEGIA PARA MEJORAR EL RECAUDO TRIBUTARIO Y DISMINUIR EL CONTRABANDO

En el marco de las nuevas estrategias para mejorar el recaudo tributario en el país, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), anunció la creación del Centro Nacional de Persuasión, a través del cual se buscará acompañar a los contribuyentes en incumplimiento en sus primeras etapas para evitar procesos sancionatorios. A su vez, la estrategia contempla el fortalecimiento de la fiscalización en sectores económicos con bajo cumplimiento tributario, adoptando un modelo preventivo basado en la administración de riesgos de cumplimiento, el cual permitirá anticipar y detectar inconsistencias en el recaudo tributario mediante el cruce de información en tiempo real con otras entidades públicas y privadas. Igualmente, la entidad fortalecerá el Centro Nacional de Cobro con la finalidad de incrementar la recuperación de cartera, así como implementará proyectos piloto de agilización de los procesos de identificación de contribuyentes incumplidos.

A su vez, el Director Encargado de la entidad enfatizó que el costo fiscal del contrabando en Colombia es de 2 % del PIB, alrededor de unos US$7.000 millones; por lo que esperan corregir algunas imperfecciones en la entidad en aras de cumplir el objetivo de reducirlo al 1 %, para lo cual han iniciado un proceso de modernización de la entidad con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), asociadas al uso de información, herramientas estadísticas, inteligencia artificial, la suscripción de convenios trasnacionales para el intercambio de información y el fortalecimiento del sistema de factura electrónica, entendiendo al comercio ilícito es una amenaza creciente que se manifiesta en múltiples formas, el cual no solo se centra únicamente en la perspectiva económica o comercial, si no que resulta ser un fenómeno complejo que atenta contra la seguridad nacional, la salud pública, el medio ambiente y el patrimonio cultural

DEUDA EXTERNA REPUNTA EN ENERO DE 2025

En el primer balance de deuda externa del 2025, el Banco de la Republica revelo que en el mes de enero el monto de la deuda fue de US$202.010 millones, representando un 48,23 % del Producto Interno Bruto (PIB). Comparado el primer balance del año 2025 con el valor registrado en enero del año 2024, la cifra resulta ser US$4.528 millones más alta, no obstante en el estimativo del PIB la cifra es menor, pues para esa época representaba 53,56 %. Del total reportado en enero de 2025, el sector publico tiene la mayor participación en el indicador, representando 56,2 % del total de la deuda, con un monto de US$113.602 millones, levemente superior al registro de diciembre, US$407,31 millones. Por otra parte, la deuda del sector privado fue de US$88.408,30 millones, lo que representa 43,8 % del total de la deuda, valor que en el comparativo anual se incrementó US$5.063,27 millones aunque disminuyo como porcentaje del PIB. Para los analistas, los indicadores continúan en ascenso, tendencia al alza sostenida desde el 2011 y muestran que el país continúa acercándose a los registros de deuda previos a la pandemia.

GOBIERNO NACIONAL PROPONE FORTALECER LA INTEGRACIÓN COMERCIAL Y ENERGETICA REGIONAL EN EL MARCO DE SU PRESIDENCIA PRO TEMPORE

Colombia asumió oficialmente la Presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), destacando que sus prioridades en la dirección del organismo se centraran en la construcción de una agenda común para alcanzar la integración de America Latina y el Caribe. El   representante   colombiano   enfatizó   que   construirán   una   “estrategia latinoamericana” que redefina la relación con el mundo, basada en la soberanía y la satisfacción de los intereses comunes; centrada en fortalecer la integración comercial,  aumentando el comercio intrarregional, que actualmente representa solo 15 % del intercambio total entre los países miembros; integración energética, enfatizando el potencial de América Latina y el Caribe para liderar la transición energética global, gracias a sus abundantes recursos energéticos verde, así como la superación de obstáculos técnicos y el fomento de la cooperación regional para consolidar una infraestructura energética robusta; así como desarrollar otros temas prioritarios tales como la migración con enfoque en derechos humanos, la transformación digital, la seguridad alimentaria, la autosuficiencia sanitaria y la protección de la biodiversidad.

SECTOR PRIVADO REALIZA UN LLAMADO AL GOBIERNO NACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

El sector privado rechazó los recientes actos de violencia y terrorismo ocurridos en el territorio nacional, en los cuales se ha atentado contra la vida, la seguridad de los habitantes del territorio y la infraestructura pública, hechos que sin duda representan un claro intento de desestabilización y de violación sistemática de los derechos humanos de la población, expresando su solidaridad con las familias y comunidades. A su vez, diversos sectores económicos reiteraron el llamado urgente al Ministerio de Defensa y a las autoridades nacionales, a tomar todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad en todo el territorio nacional, fortalecer la presencia activa y decida del Estado, y asegurar la justicia de los hechos, permitiendo que los ciudadanos puedan vivir y trabajar en un entorno libre de temor y violencia.