La relación comercial entre Colombia y Ecuador atraviesa un nuevo episodio de tensión, luego de que el Gobierno Ecuatoriano oficializara el incremento de la denominada “tasa de seguridad” al 50 %, aplicable a las mercancías procedentes de Colombia. En respuesta, el Gobierno Colombiano publicó en fase de consulta pública un proyecto de decreto que eleva al 50 % el arancel recíproco impuesto desde el 24 de febrero de 2026 a determinadas importaciones originarias de Ecuador.

Mediante la Resolución Nro. SENAE-SENAE-2026-0017-RE, expedida el 28 de febrero de 2026 por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), se actualizó la tarifa de la denominada “tasa de seguridad” aplicable a las mercancías originarias de Colombia. La nueva tarifa fue fijada en el 50 % (aumentando un 20 % respecto del 30 % inicialmente fijado desde el 01 de febrero) y se calcula sobre el valor en aduana de las mercancías. La medida entró en vigor desde el 01 de marzo de 2026 y se aplica a personas naturales y jurídicas que ingresen bienes colombianos al territorio aduanero ecuatoriano, bajo los distintos regímenes de importación. La autoridad ecuatoriana fundamentó la decisión en la potestad aduanera prevista en su normativa interna y en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y seguridad nacional. En los considerandos de la resolución se señala la existencia de supuestas omisiones sistemáticas en los controles de salida de mercancías desde Colombia, lo que trasladaría cargas operativas y riesgos fiscales al Estado Ecuatoriano. Aunque jurídicamente se estructura como una tasa por servicio aduanero y discursivamente se denomina “tasa de seguridad”, su diseño produce un efecto económico equivalente a un incremento arancelario de gran magnitud.

En paralelo, el Gobierno de Colombia publicó en fase de consulta pública un proyecto de decreto que incrementa al 50 % el arancel recíproco aplicable a determinadas importaciones originarias de Ecuador (aumentando un 20 % respecto del 30 % inicialmente fijado desde el 24 de febrero). La medida se presenta como respuesta a las decisiones adoptadas por Ecuador, y a pesar de que aún no ha sido formalizada mediante decreto firmado y publicado, de materializarse consolidaría un esquema de reciprocidad arancelaria plena entre ambos países. Inicialmente, la fase de consulta pública del proyecto de decreto finalizaba el pasado jueves 05 de marzo de 2026, sin embargo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, publico una nueva versión del decreto en la que ajusta la parte motiva y el reduce el listado de subpartidas que estarán sujetas a la tarifa arancelaría, abriendo una nueva fase de consulta pública que se extenderá hasta el próximo 10 de marzo de 2026. La nueva versión del borrador suprime del listado de bienes sujetos de arancel a subpartidas de la industria de plásticos, filamentos sintéticos, hierro, acero, combustibles minerales, colorantes, pinturas, muebles, medicamentos, flores, crustáceos, hortalizas, carnes y preparaciones de pescado; entre otras. En todo caso, el proyecto de decreto mantiene como bienes gravados del impuesto al aceite de palma crudo, el aceite de palma refinado, el aceite de girasol refinado y a los aceites y grasas hidrogenados, Interesterificados, reesterificados o elaidinizados, de origen ecuatoriano.

La coyuntura genera preocupación en el comercio bilateral, particularmente en sectores con flujos constantes de intercambio comercial. Gremios económicos de ambos países han advertido sobre el impacto que este tipo de medidas puede tener en la estabilidad de las cadenas de suministro, la competitividad empresarial y el empleo en las zonas fronterizas. Asimismo, han señalado la importancia de privilegiar los canales de diálogo técnico y diplomático para evitar una escalada que profundice las distorsiones en el comercio intrarregional y afecte la integración productiva construida en los últimos años.

Este escenario se produce en el marco de las acciones jurídicas que han iniciado ambos países en la Comunidad Andina, propiciando discusiones técnicas y jurídicas adicionales sobre la compatibilidad de estas medidas con los compromisos subregionales. Desde Asograsas continuaremos monitoreando la evolución normativa en ambos países, especialmente la expedición definitiva del decreto colombiano y a posibles nuevas modificaciones en la tasa de seguridad ecuatoriana, con el fin de evaluar impactos específicos para el sector y brindar información oportuna a las empresas afiliadas para la adopción de medidas estratégicas frente a este nuevo contexto comercial.

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Consulta el primer proyecto de decreto colombiano en consulta pública: AQUÍ

Consulta el segundo borrador de decreto colombiano en consulta pública: AQUÍ