El Gobierno Nacional, a través del Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, radicó el pasado 18 de agosto ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley 177 de 2026 – “Ley de Competitividad”, con mensaje de urgencia, iniciativa que busca reducir cargas administrativas, racionalizar trámites, avanzar en su digitalización e interoperabilidad y disminuir los tiempos y costos de cumplimiento para empresas y ciudadanos. La iniciativa tiene un alcance transversal y contempla medidas en materias de trámites sanitarios, fitosanitarios y zoosanitarios, comercio exterior, creación y operación de empresas, licenciamiento urbanístico y actuaciones notariales, registrales y catastrales, entre otras. Entre sus principios se encuentran la digitalización por defecto, el principio de “una sola vez”, la interoperabilidad, la no duplicidad de requisitos y un enfoque de los controles basado en el nivel de riesgo. 

Para la industria de grasas y aceites comestibles, el proyecto reviste especial interés por sus disposiciones relacionadas con los controles sanitarios y el comercio exterior. En materia sanitaria, propone fortalecer un modelo de administración de riesgos para el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), diferenciar la intensidad de los controles según el nivel de riesgo y promover la coordinación entre autoridades para evitar requerimientos documentales y verificaciones duplicadas. Asimismo, plantea fortalecer la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) como mecanismo de articulación de las actuaciones que intervienen en las operaciones de comercio exterior. 

De aprobarse el proyecto, estas medidas podrían representar una reducción de cargas administrativas y tiempos de trámite para las empresas, particularmente cuando una misma información deba ser presentada ante diferentes autoridades. También podrían generar mayores niveles de previsibilidad y eficiencia en procedimientos relacionados con registros, permisos, autorizaciones, operaciones de comercio exterior y controles administrativos. No obstante, el proyecto mantiene las competencias de inspección, vigilancia y control y establece que la simplificación no implica eliminar aquellos controles necesarios para proteger la salud pública, la seguridad o los demás bienes jurídicos involucrados. 

Un aspecto relevante es que varias de las medidas requerirán posterior reglamentación por parte del Gobierno Nacional. En particular, el proyecto establece un plazo de hasta 12 meses para expedir la reglamentación necesaria en materia de simplificación sanitaria, fitosanitaria y zoosanitaria, incluyendo aspectos relacionados con registros, permisos, notificaciones sanitarias y vistos buenos de comercio exterior. 

Es importante precisar que la radicación del proyecto y el mensaje de urgencia no significan que sus disposiciones hayan sido aprobadas. El futuro de la iniciativa corresponde al Congreso de la República, que deberá estudiarla, discutirla y decidir sobre su aprobación durante el trámite legislativo. Como regla general, un proyecto de ley ordinaria debe surtir cuatro debates: dos en las comisiones constitucionales permanentes y dos en las plenarias de Senado y Cámara, sin perjuicio de las particularidades que pueda generar el mensaje de urgencia durante su trámite.

Desde Asograsas, continuaremos realizando seguimiento especial al desarrollo de los debates y a las modificaciones que pueda sufrir el texto durante su discusión, así como a la eventual reglamentación posterior, especialmente en los capítulos relacionados con controles sanitarios, comercio exterior, gestión de riesgos e interoperabilidad. En todo caso, la iniciativa puede representar una oportunidad para avanzar hacia una regulación más eficiente y proporcional, aunque su impacto definitivo dependerá del texto que finalmente apruebe el Congreso y de la forma en que posteriormente sea reglamentado e implementado por las autoridades.