Existencias de aceite de palma en Malasia alcanzan su nivel...
Leer másChina se centra en aumentar la capacidad de producción de cereales y oleaginosas en su nuevo Plan Quinquenal.
China presentó su 15.º Plan Quinquenal para la Modernización de la Agricultura y las Zonas Rurales (2026-2030), en el que establece como prioridad fortalecer la producción nacional de granos y oleaginosas para reforzar la seguridad alimentaria y reducir la vulnerabilidad frente a interrupciones en el comercio internacional. El plan fija una capacidad de producción de granos de 725 millones de toneladas para 2030, apoyándose en el desarrollo de semillas de mayor rendimiento, mecanización, agricultura inteligente, inteligencia artificial, biotecnología y mejoras en la infraestructura agrícola, en lugar de ampliar la superficie cultivada. Asimismo, contempla la protección de tierras agrícolas de alta calidad y una mayor eficiencia en el uso de recursos como el agua y los fertilizantes.
En el caso de las oleaginosas, China busca aumentar la productividad de cultivos como la soya mediante la modernización agrícola, la expansión de áreas de siembra en regiones estratégicas y el fortalecimiento de programas de mejoramiento genético. Paralelamente, mantendrá una estrategia de diversificación de las importaciones para garantizar el abastecimiento de materias primas, reduciendo los riesgos asociados a la concentración de proveedores. El plan también impulsa el crecimiento de empresas agrícolas con presencia internacional, el desarrollo de fuentes alternativas de proteínas y alimentos, y una mayor inversión en innovación tecnológica, con el propósito de construir un sistema agroalimentario más resiliente, competitivo y sostenible hacia 2035.
Existencias de aceite de palma en Malasia alcanzan su nivel más alto en casi dos años
Leer másRusia aumenta un 12 % la producción de aceites vegetales
Durante el primer semestre de 2026, la industria rusa de aceites y grasas mantuvo una sólida dinámica de crecimiento. Según el Ministerio de Agricultura de Rusia, la producción de aceites vegetales aumentó cerca de un 12 % frente al mismo periodo del año anterior, impulsando el desempeño del sector alimentario del país. En particular, la producción de aceite de girasol creció 8,2 %, la de aceite de soya 13,8 % y la de aceite de colza 22 %, reflejando una expansión generalizada en las principales categorías de aceites comestibles.
El crecimiento de la industria de aceites y grasas hace parte de una expansión más amplia de la producción alimentaria rusa, que aumentó 1,3 % entre enero y junio de 2026. De acuerdo con las autoridades, este incremento fortalece el abastecimiento del mercado interno, amplía la disponibilidad de alimentos y contribuye a reforzar la seguridad alimentaria del país. Los resultados evidencian la capacidad del sector para responder tanto a la demanda doméstica como al fortalecimiento de la cadena agroindustrial.
CARF ADVIERTE QUE EL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2026 PRESENTA UN ESCENARIO DE DIFÍCIL CUMPLIMIENTO
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) emitió un concepto técnico en el que advierte que el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2026 se sustenta en supuestos macroeconómicos y fiscales que considera difíciles de materializar sin la adopción de reformas estructurales y decisiones de política fiscal. En opinión del organismo, las proyecciones oficiales de crecimiento económico, ingresos, gasto público y deuda resultan optimistas, por lo que existe un riesgo importante de que las metas fiscales previstas para los próximos años no puedan alcanzarse en los términos planteados por el Gobierno. Entre sus principales observaciones, el CARF estima que la deuda neta del Gobierno alcanzaría el 61 % del PIB en 2026, el nivel más alto registrado, y advierte que el gasto público sería considerablemente superior al proyectado por el Ministerio de Hacienda. Asimismo, señala que el escenario fiscal depende de la aprobación de una reforma tributaria y de otras medidas de ajuste que aún no han sido presentadas, por lo que insiste en la necesidad de adoptar decisiones concretas para fortalecer los ingresos y racionalizar el gasto público.
Más allá de las cifras, el concepto del CARF envía una señal de cautela sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. El Comité advierte que aplazar los ajustes fiscales podría incrementar las necesidades de endeudamiento del Estado y reducir el margen de maniobra para atender futuras contingencias económicas. Incluso alerta que, si no se adoptan medidas oportunas, el país podría enfrentar un deterioro en la percepción de riesgo por parte de los mercados, con efectos sobre el costo del financiamiento y la estabilidad macroeconómica.
Para el sector empresarial, estas advertencias tienen implicaciones que van más allá del ámbito fiscal, en razón a que un escenario de mayor presión sobre las finanzas públicas suele traducirse en expectativas de nuevas reformas tributarias, mayores costos del crédito, volatilidad de la tasa de cambio y un ambiente de mayor incertidumbre para la inversión y el crecimiento económico. A ello se suma que un aumento sostenido del endeudamiento público puede limitar la capacidad del Estado para impulsar programas de infraestructura, competitividad y desarrollo productivo. Con el inicio de un nuevo Gobierno, se deberá definir la estrategia para corregir los desequilibrios fiscales señalados por el Comité, donde las decisiones que se adopten en materia de política tributaria, racionalización del gasto y manejo de la deuda serán determinantes para la confianza de los inversionistas y para la estabilidad del entorno económico en el que operan las empresas.
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DESAFÍO DEL ABASTECIMIENTO DE GAS AUMENTA LAS ALERTAS Y TRASCIENDE AL SECTOR ENERGÉTICO
El abastecimiento de gas natural se ha convertido en uno de los principales retos para la competitividad del país. Las proyecciones del Gestor del Mercado de Gas Natural advierten que durante 2026 Colombia enfrentará un déficit de gas firme cercano al 20 % de la demanda nacional, situación que ha incrementado la dependencia de las importaciones, las cuales ya representan cerca de un tercio del consumo nacional. Este escenario expone al país a una mayor volatilidad de precios, mayores costos logísticos y riesgos asociados al mercado internacional.
Desde Naturgas se ha insistido en la necesidad de destrabar proyectos estratégicos que permitan aumentar la producción nacional, señalando que los retrasos en consultas previas, licenciamientos ambientales y trámites administrativos continúan aplazando inversiones clave, como el proyecto costa afuera Sirius. A ello se suma el impacto de la suspensión de nuevos contratos de exploración, que ha limitado la incorporación de nuevas reservas y ha incrementado la presión sobre las importaciones.
La incertidumbre sobre el abastecimiento ya trasciende al sector energético y comienza a impactar la competitividad de la industria. El gas natural es un insumo esencial para múltiples procesos manufactureros, por lo que eventuales incrementos en su precio o restricciones en el suministro podrían elevar los costos de producción y afectar el precio de los bienes de consumo. En el caso de la industria de grasas y aceites comestibles, el gas es indispensable para procesos como la refinación de aceites y la fabricación de margarinas y grasas vegetales, por lo que un suministro confiable resulta fundamental para garantizar la continuidad de la producción y la seguridad alimentaria.
El panorama también genera preocupación por la creciente exposición del país a factores externos, como las fluctuaciones del mercado internacional del gas natural licuado (GNL), las tensiones geopolíticas y los costos del transporte marítimo. A ello se suma la expectativa de que el nuevo Gobierno impulse medidas para acelerar la exploración y producción nacional, así como el riesgo de una mayor demanda de gas para generación termoeléctrica ante un eventual fortalecimiento del fenómeno de El Niño.
En este contexto, garantizar un abastecimiento suficiente, confiable y competitivo de gas natural se consolida como una condición indispensable para preservar la productividad de la industria, contener presiones sobre los costos y asegurar el funcionamiento de sectores estratégicos como la producción de alimentos.
MINISTERIO DEL TRABAJO PROPONE REEMPLAZAR LA REGULACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONVIVENCIA LABORAL A MENOS DE UN AÑO DE HABER EXPEDIDO LA VIGENTE RESOLUCIÓN 3461 DE 2025
El Ministerio del Trabajo publicó para comentarios un proyecto de resolución mediante el cual propone subrogar integralmente la Resolución 3461 de 2025, norma expedida hace menos de un año mediante la cual se derogaron las históricas Resoluciones 652 y 1356 de 2012 sobre la conformación y funcionamiento de los Comités de Convivencia Laboral. La iniciativa resulta especialmente relevante porque evidencia un nuevo cambio regulatorio a 11 meses de la expedición de la Resolución 3461 de 2025, obligando nuevamente a las empresas a revisar sus procedimientos internos, reglamentos, protocolos y esquemas de funcionamiento de estos comités.
Aunque el Ministerio señala que los cambios no modifican la finalidad de la regulación sino que buscan mejorar su aplicación y técnica normativa, el proyecto reemplaza la totalidad del texto vigente por una nueva resolución con diecisiete artículos, incorporando nuevas reglas sobre conformación, funcionamiento, procedimientos preventivos, responsabilidades de empleadores y Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), así como criterios orientadores para la atención de las quejas de presunto acoso laboral. Entre las principales novedades del proyecto se encuentran la incorporación de tiempos orientadores para cada una de las actuaciones del Comité de Convivencia Laboral, desde la recepción de las quejas hasta el seguimiento de los compromisos adquiridos; la definición expresa de que el procedimiento preventivo, de manera ordinaria, no debería superar los setenta (70) días calendario; reglas sobre conflictos de interés de los integrantes del comité; nuevos lineamientos para empresas de servicios temporales; y un desarrollo mucho más amplio de los principios de confidencialidad, imparcialidad, debido proceso y no revictimización.
El proyecto también mantiene la obligación de realizar reuniones ordinarias mensuales del Comité de Convivencia Laboral e incorpora mayores exigencias en materia de informes trimestrales y anuales, seguimiento a recomendaciones, medidas preventivas de acoso laboral, actividades de capacitación, promoción de la salud mental y coordinación con las ARL. Igualmente, desarrolla nuevas obligaciones relacionadas con la implementación de acciones preventivas y correctivas frente a factores de riesgo psicosocial y violencia en el trabajo. En materia de transición, el proyecto establece que los Comités de Convivencia Laboral ya conformados conservarán su período e integración, sin necesidad de realizar una nueva elección. Sin embargo, los reglamentos internos, procedimientos y demás instrumentos adoptados bajo la Resolución 3461 de 2025 deberán ajustarse a la nueva regulación dentro de los seis meses siguientes a su entrada en vigor.
Para el sector empresarial, esta nueva iniciativa confirma el acelerado ritmo de actualización normativa en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo. La propuesta implica que las organizaciones que recientemente adecuaron sus reglamentos, procedimientos y documentación para cumplir con la Resolución 3461 de 2025 deberán prepararse para una nueva revisión de sus sistemas de gestión y de los instrumentos relacionados con los Comités de Convivencia Laboral, en caso de que la resolución sea finalmente adoptada.
Desde Asograsas continuaremos realizando seguimiento al trámite del proyecto normativo, con la finalidad de informar oportunamente a los afiliados sobre la entrada en vigor de cualquier cambio normativo con el fin de anticipar los ajustes documentales y operativos que eventualmente serán necesarios para asegurar el cumplimiento de la nueva regulación.
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