El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1444 del 28 de septiembre de 2026, mediante el cual estableció la prohibición de importar al territorio aduanero nacional mercancías que hayan sido total o parcialmente extraídas, producidas, manufacturadas o transformadas mediante trabajo forzoso u obligatorio.  La prohibición no se limita al proceso de fabricación del producto terminado. El Decreto establece expresamente que comprende todas las etapas de la cadena de suministro, incluidas, entre otras, la extracción, el cultivo, la cosecha, la manufactura, el ensamble, el procesamiento y el acabado. En consecuencia, las mercancías producidas mediante trabajo forzoso u obligatorio adquieren la condición de mercancías de prohibida importación y quedan sometidas a los controles, procedimientos y demás consecuencias jurídicas previstas por el régimen aduanero.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN será la autoridad competente para controlar el cumplimiento de la prohibición y podrá ejercer facultades de control, fiscalización, investigación, requerimiento de información, práctica y valoración de pruebas, aprehensión y decomiso. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo apoyará la formulación y coordinación de la política comercial y la identificación de factores de riesgo, mientras que el Ministerio del Trabajo, a solicitud de la autoridad aduanera, determinará si los hechos informados corresponden a trabajo forzoso u obligatorio. Esta calificación será de obligatoria observancia para la DIAN, aunque la acreditación de los hechos y las decisiones sobre infracciones, aprehensión o decomiso permanecerán dentro de las competencias de la autoridad aduanera.

El decreto establece además un amplio conjunto de fuentes que podrán ser valoradas para la identificación de riesgos, entre ellas información suministrada por autoridades nacionales o extranjeras; informes de organismos internacionales; decisiones judiciales o administrativas; información proveniente de sistemas de gestión del riesgo; denuncias y reportes presentados por personas naturales o jurídicas, organizaciones de trabajadores, organizaciones empresariales, sociedad civil, comunidades afectadas o terceros interesados; información pública confiable y verificable; y, especialmente, información sobre el origen, trazabilidad, auditorías, certificaciones y medidas correctivas adoptadas por los actores de la cadena de suministro.

Cuando se determine que una mercancía se encuentra comprendida dentro de la prohibición, procederán la aprehensión, el decomiso y las demás consecuencias aplicables a las mercancías de prohibida importación, incluido el decomiso directo cuando corresponda. Adicionalmente, la importación de estas mercancías podrá dar lugar, cuando se configuren los respectivos presupuestos legales, a la aplicación del régimen sancionatorio previsto en la Ley 2586 de 2026. El Decreto precisa que la responsabilidad sancionatoria deberá determinarse mediante el procedimiento establecido en la ley y conforme a las causales de exoneración allí previstas, incluida la acreditación de la debida diligencia.

Uno de los instrumentos de mayor relevancia práctica será la creación de un registro de listados indicativos de riesgo, administrado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con apoyo técnico del Ministerio del Trabajo, que podrá identificar sectores, productores, exportadores, entidades o cadenas de suministro respecto de los cuales exista información objetiva, verificable y suficiente sobre riesgos relacionados con la utilización de trabajo forzoso u obligatorio.Este registro deberá actualizarse, como mínimo, una vez por trimestre y podrá emplearse para orientar la gestión del riesgo, seleccionar operaciones sujetas a control y servir como fuente de información para que los propios operadores de comercio exterior identifiquen y evalúen los riesgos asociados a determinadas mercancías, empresas o cadenas de suministro y adopten preventivamente las medidas que consideren pertinentes antes de realizar operaciones comerciales. La inclusión en estos listados deberá estar sustentada en información objetiva, verificable y motivada, y el decreto dispone expresamente que no procederá por la sola existencia de una investigación en curso.

Para las empresas de la industria de grasas y aceites comestibles que realizan operaciones de importación, el nuevo marco hace especialmente relevante fortalecer los mecanismos internos de conocimiento de proveedores, trazabilidad y debida diligencia sobre las cadenas internacionales de suministro. En particular, adquiere importancia disponer de información que permita acreditar el origen de las mercancías y materias primas, identificar los diferentes actores que intervienen en la cadena y conservar auditorías, certificaciones, evaluaciones de proveedores, procedimientos internos y demás evidencias relacionadas con las medidas adoptadas para identificar, prevenir y gestionar este tipo de riesgos. La conservación de estos soportes puede adquirir especial importancia frente a eventuales actuaciones de control, toda vez que el propio decreto reconoce expresamente que los interesados podrán aportar información y pruebas sobre el origen, la trazabilidad y la cadena de suministro de los bienes o mercancías, así como sobre los procesos de debida diligencia, auditorías, certificaciones y medidas correctivas o de remediación adoptadas.

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