El Ministerio del Trabajo expidió la Circular 0110 de 2026, mediante la cual estableció lineamientos para unificar los criterios aplicables al ejercicio de la facultad discrecional de advertir y aconsejar de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. La medida busca fortalecer el enfoque preventivo de la inspección laboral, promover la corrección oportuna de incumplimientos por parte de los empleadores y garantizar una protección más efectiva de los derechos de los trabajadores, sin perjuicio del ejercicio de las facultades sancionatorias de la autoridad laboral.

La circular desarrolla las facultades reconocidas en los Convenios 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y establece que los inspectores podrán acudir, de manera excepcional y mediante decisión motivada, a mecanismos de requerimiento, orientación y advertencia cuando identifiquen incumplimientos susceptibles de subsanación integral. Para ello, deberán verificar que las obligaciones puedan satisfacerse mediante acciones concretas, comprobables y ejecutables dentro de un plazo razonable, y que la utilización de esta vía permita una protección más oportuna de los derechos laborales afectados.

En cuanto a su aplicación, la circular precisa que la facultad preventiva podrá ejercerse hasta antes de la formulación de cargos dentro del procedimiento administrativo sancionatorio, siempre que el empleador no registre advertencias o sanciones previas por hechos de la misma naturaleza y que no concurran circunstancias que hagan improcedente este mecanismo. La decisión deberá estar debidamente motivada y señalar los hechos identificados, las disposiciones presuntamente incumplidas, las acciones correctivas requeridas y el plazo otorgado para su ejecución.

No obstante, el Ministerio estableció exclusiones expresas para situaciones que, por su gravedad o naturaleza, requieren la intervención administrativa correspondiente. Entre ellas se encuentran el trabajo infantil y forzoso, los riesgos graves o inminentes para la vida y seguridad de los trabajadores, la vulneración de la libertad sindical, el despido o desmejoramiento de trabajadores amparados por estabilidad laboral reforzada, la intermediación laboral ilegal y determinadas infracciones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social Integral. En estos casos, la facultad de advertir y aconsejar no podrá utilizarse como sustituto de las actuaciones administrativas que correspondan.

Asimismo, la circular dispone que, una vez vencido el plazo concedido al empleador, el inspector deberá verificar el cumplimiento íntegro de las obligaciones requeridas, sin limitarse a la documentación aportada por la empresa. Esta verificación deberá incluir la corroboración de la satisfacción efectiva de los derechos con los trabajadores afectados. Cuando se acredite el cumplimiento total, podrá disponerse el cierre de la actuación preventiva, acompañado de una advertencia frente a la eventual reincidencia. Por el contrario, cuando no se demuestre la subsanación integral, el inspector podrá remitir el asunto a averiguación preliminar o iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio, según las circunstancias del caso.

Para las empresas de la industria de grasas y aceites comestibles, estos lineamientos resultan relevantes en la gestión de sus relaciones laborales y en la atención de eventuales actuaciones de inspección, vigilancia y control, particularmente frente al cumplimiento de obligaciones salariales, prestacionales, de seguridad social y demás disposiciones laborales aplicables. La nueva orientación administrativa refuerza la importancia de contar con mecanismos internos de verificación, documentación y corrección oportuna de incumplimientos, así como de atender diligentemente los requerimientos formulados por las autoridades competentes.

Finalmente, es importante precisar que la Circular 0110 de 2026 constituye una instrucción interna dirigida a los funcionarios del Ministerio del Trabajo y, por tanto, no crea nuevas obligaciones, sanciones ni cargas administrativas para los empleadores. Su alcance se limita a orientar el ejercicio de facultades previamente reconocidas en el ordenamiento jurídico, sin modificar las obligaciones laborales vigentes ni garantizar que todo incumplimiento pueda resolverse mediante una advertencia previa a la imposición de sanciones.