Antes del próximo 15 de septiembre de 2025, en el marco del proceso de evaluación y verificación anual, el Gobierno de los Estados Unidos decidirá si Colombia será descertificada por no cooperar suficientemente en la lucha contra las drogas, cuyas cifras en el último año colocan al país en una situación de alta vulnerabilidad, siendo considerada por expertos como la situación más crítica en la última década y colocando en alto riesgo al ecosistema productivo nacional en atención a las consecuencias económicas profundas y transversales que esta decisión podría representar. De acuerdo con el más reciente informe de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), a la fecha la probabilidad de una descertificación oscila entre el 55 % y el 70 %, con una tendencia creciente hacia el escenario más negativo, principalmente debido al crecimiento de los cultivos ilícitos, el cual es considerado el criterio más crítico en la evaluación, con un peso cercano al 50 % de la calificación definitiva.

De acuerdo con el informe, se destaca que otros factores relevantes de la evaluación como el control del tráfico, la judicialización y extradición de los responsables, el cumplimiento de compromisos internacionales y la voluntad política en materia de lucha contra las drogas, reflejan un panorama desfavorable, en atención a las reiteradas tensiones diplomáticas entre ambos países, la inexistencia de resultados destacados y la ausencia de liderazgos claves, que resultan ser críticos, afectando la percepción de un compromiso firme por parte del Gobierno Colombiano en la lucha contra las drogas. 

El informe publicado, destaca que, si Colombia logra una certificación por interés nacional, los impactos serían limitados; sin embargo, si el país es descertificado con sanciones intermedias o severas, las consecuencias escalarían rápidamente, afectando con mayor énfasis a los sectores industrial, comercial, de cooperación internacional y la confianza inversionista, donde se proyectan pérdidas anuales aproximadas de US$1.800 millones. El informe analiza tres posibles escenarios, siendo el más favorable el de certificación por interés nacional sin sanciones, donde se prevén recortes de hasta el 10 % en fondos de cooperación bilateral y ajustes en condiciones de financiamiento multilateral, sin bloqueos. Los otros dos escenarios analizados en el informe son los de descertificación con sanciones intermedias, en el que se prevén recortes del 30 % al 40 % en fondos de cooperación bilateral, afectando programas sociales, de justicia y seguridad, así como restricciones al acceso de financiamiento multilateral, escenario que impactaría directamente a la inversión privada, el empleo y los proyectos financiados por entidades internacionales; así como el descertificación con sanciones severas, en el que se calculan recortes del 60 % al 70 % en fondos de cooperación bilateral, restricciones al acceso de financiamiento multilateral con bloqueos del 50 % al 60 % y una perdida alta de confianza internacional, hecho que propiciaría la salida de capitales, incremento de la calificación de riesgo, perdida de niveles de inversión, deterioro reputacional internacional y pérdida de competitividad. 

Ante tal panorama, el estudio concluye que Colombia se encuentra frente a un riesgo tangible con consecuencias económicas multidimensionales, situación que para los agentes industriales, representa el momento de analizar el panorama nacional e internacional en aras de anticiparse a las consecuencias de cualquier decisión que tome el gobierno americano, por lo que invitan al sector privado, cuyo papel es fundamental en la defensa de los intereses nacionales, a alinear esfuerzos que permitan elevar la diplomacia empresarial y garantizar que el país mantenga su condición de aliado estratégico frente a Estados Unidos, mediante la activación de comités de monitoreo de riesgos comerciales internacionales; la evaluación y planificación de todo tipo de escenarios; el fortalecimiento de las relaciones con cámaras binacionales, embajadas y gremios aliados; y la promoción de una campaña unificada que destaque avances y compromisos concretos del sector privado frente a la lucha contra el narcotráfico y el desarrollo lícito.