La negociación del aumento del salario mínimo para el año 2026, inició con la presentación de posturas preliminares por parte de algunos de los agentes involucrados en su discusión. De una parte, el Gobierno Nacional promueve un incremento del 11 %, con el cual el salario mensual quedaría fijado en $1.580.085; y por otra, diversos centros de estudios económicos proponen un aumento entre el 6 % y el 7 %, lo cual situaría el salario mínimo legal mensual en $1.523.145; la cual se diferencia de la postura gubernamental en aproximadamente $64.940 pesos mensuales.

Para Fedesarrollo, la propuesta de aumento centrada entre 6 % y 7 % responde a un diagnóstico técnico de la realidad económica del país, la cual se encuentra en un escenario de inflación persistente, indicador que había mostrado una tendencia descendente durante buena parte del año, pero en los últimos meses se ha estancado e, incluso, ha repuntado por cuatro meses consecutivos; y una reactivación económica que aún no despega. Según sus últimos estudios, se proyecta que 2025 cerrará con una inflación cercana al 5.1%; la productividad laboral tendría un crecimiento muy modesto, entre 0% y 1%; ante lo cual, un aumento del 7% garantizaría que los trabajadores no pierdan capacidad de compra, al ubicarse por encima de la inflación esperada para 2025.

Ante la propuesta del Gobierno, diversos analistas concluyen que aumentar más del 7 % el salario mínimo del próximo año conllevaría mayores costos laborales, donde las empresas, especialmente las PYMES y los sectores intensivos en mano de obra como la agricultura y los servicios, verían incrementados sus costos de forma inmediata; para lo cual, muchas de ellas deberán implementar un aumento inmediato en los precios mantener sus márgenes de ganancia, trasladando el incremento del salario a los precios de los productos y servicios que ofrecen; además de propiciar un espiral inflacionario, que generaría un círculo vicioso donde los precios suben, el poder adquisitivo del nuevo salario se erosiona y se necesitan nuevos aumentos salariales, alimentando la inflación. Igualmente, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana destaca que en un contexto donde la Reforma Laboral ya aumentó los costos de la formalidad, un aumento del salario mínimo muy alto podría desincentivar la contratación formal, afectando justamente a la población que se busca proteger.

La mesa de negociación tripartita se instalará formalmente el próximo 01 de diciembre, con la participación del Gobierno Nacional, los empresarios; y los trabajadores, con el objetivo es llegar a un acuerdo. De no lograrse, el presidente de la República podrá decretar el aumento, de manera unilateral.