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De la industria

¿cómo va la inflación de los aceites vegetales en colombia?

A marzo de 2026, la inflación anual en Colombia se ubicó en 5,56 %, evidenciando una nueva aceleración frente a febrero y manteniéndose por encima del rango meta del Banco de la República . Este repunte estuvo impulsado principalmente por alimentos, servicios; como restaurantes y arriendos, y aumentos en energía y comunicaciones. Además, factores como el incremento del salario mínimo, la indexación de precios y choques climáticos elevaron los costos y se trasladaron al consumidor final.

En la gráfica, los aceites vegetales muestran una dinámica diferenciada. Entre agosto y noviembre de 2025, su inflación estuvo por encima del IPC total y de alimentos, alcanzando picos cercanos al 7,5 %, reflejando presiones en costos productivos e insumos. Sin embargo, desde diciembre de 2025 se observa una desaceleración sostenida.

Para marzo de 2026, la inflación de aceites comestibles (4,34 %) se ubica por debajo tanto de la inflación total (5,56 %) como de alimentos (6,05 %). Esto indica una corrección relativa frente a meses previos, donde este rubro lideraba las presiones inflacionarias.

IPP DE ACEITES VEGETALES – COLOMBIA

Durante marzo de 2026, el IPP de los aceites vegetales mantiene variaciones anuales negativas en todos los productos —soja (-6,24 %), girasol (-2,51 %) y palma (-10,57 %)—, lo que a primera vista podría interpretarse como una caída generalizada, pero que en realidad corresponde a una fase de ajuste posterior a las fuertes correcciones observadas a finales de 2025; en particular, vale la pena recordar que en diciembre el IPP del aceite de palma alcanzó niveles cercanos al -23 %, lo que indica que la magnitud de las caídas actuales es considerablemente menor y sugiere un proceso de estabilización de precios más que una nueva contracción abrupta, siendo la palma aún el componente más presionado aunque con señales de recuperación frente a mínimos recientes; esta dinámica local contrasta con el contexto internacional reportado por la FAO, donde los precios de los aceites vegetales han enfrentado presiones al alza asociadas a la demanda de biocombustibles, mayores costos energéticos y restricciones de oferta, lo que sugiere que en Colombia el comportamiento responde más a factores internos como la normalización de inventarios, una demanda relativamente contenida y rezagos en la transmisión de precios internacionales.

NOVEDADES NORMATIVAS

ENTRA EN VIGOR EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El pasado 02 de abril de 2026 entró en vigor la Ley 2452 de 2025, mediante la cual se expidió el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en Colombia, modernizando los procedimientos judiciales en materia laboral y redefiniendo la forma en que se tramitan los conflictos entre empleadores y trabajadores. Esta normativa marca un cambio significativo en el entorno jurídico laboral del país, con efectos directos sobre la gestión del riesgo legal empresarial.

El nuevo Código incorpora herramientas orientadas a consolidar una justicia más ágil, eficiente y apoyada en el uso de tecnologías, promoviendo la concentración de actuaciones, la reducción de etapas procesales y el fortalecimiento de mecanismos alternativos de solución de conflictos. A su vez, suprime los procesos de única instancia, estableciendo la doble instancia como principio general; fija reglas precisas de competencia jurisdiccional; establece la posibilidad de solicitar y ordenar medidas cautelares en los procesos ordinarios laborales; define reglas de procedimiento especiales para evitar la remisión al Código General del Proceso; permite la expedición de fallos extra y ultra petita; entre otros ajustes significativos que regirán la resolución judicial de conflictos laborales.

La entrada en vigor de esta normativa refuerza la necesidad de que el sector privado revise y ajuste sus prácticas internas en materia laboral, particularmente en lo relacionado con la formalización de las relaciones de trabajo, la trazabilidad documental y la gestión preventiva de contingencias. En este contexto, la reducción de los tiempos procesales puede traducirse en decisiones judiciales más expeditas, lo que disminuye los márgenes de reacción y eleva la importancia redefinir el enfoque de la gestión laboral en las empresas, trasladando un mayor peso hacia la prevención, el cumplimiento normativo y la adecuada estructuración de la defensa jurídica. 

Si bien estos elementos buscan mejorar la oportunidad en la administración de justicia, también implican una mayor exigencia para los empleadores en términos de capacidad de respuesta, organización documental y estrategia jurídica.

GOBIERNO ACTUALIZARÁ MARCO DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EMPRESARIAL Y ELEVARÁ EXIGENCIAS DE CONTROL

El Gobierno Nacional publicó para consulta pública un proyecto de decreto que actualiza el marco técnico de las Normas de Aseguramiento de la Información, modificando el Decreto 2420 de 2015. Esta propuesta, incluida en el Anexo Técnico 4 de 2026, adopta estándares internacionales emitidos por el IAASB e introduce cambios significativos en auditoría, control de calidad, ética profesional y gestión de riesgos, con impactos directos en la operación y el cumplimiento normativo empresarial.

El nuevo marco integra de forma completa las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), de Encargos de Aseguramiento (NIEA), de Revisión (NIER) y de Servicios Relacionados (NISR), buscando alinear el sistema colombiano con prácticas globales. También incorpora las Normas Internacionales de Gestión de la Calidad (NIGC 1 y 2), fortaleciendo los requisitos de control interno y supervisión en los procesos de auditoría.

Para las empresas, estos cambios implican mayores exigencias en la calidad de la información financiera, la trazabilidad y los controles internos. Será necesario asegurar que los estados financieros cumplan estándares más estrictos en evidencia, documentación, estimaciones contables y revelaciones, lo que requerirá ajustes en procesos y sistemas de información. Un aspecto clave es el énfasis en la gestión del riesgo de incorrección material, obligando a las organizaciones a identificar, evaluar y documentar riesgos financieros y operativos, especialmente en sectores complejos como el de grasas y aceites vegetales, donde influyen factores como inventarios, costos, volatilidad de insumos y logística.

Asimismo, se refuerza el juicio profesional y la responsabilidad de la alta dirección en la preparación de la información financiera, exigiendo políticas más sólidas de gobierno corporativo que garanticen transparencia y confiabilidad. También se amplía el alcance del aseguramiento, incluyendo no solo auditorías financieras, sino revisiones, procedimientos acordados y verificación de información no financiera, como sostenibilidad y cumplimiento.

El incumplimiento puede generar sanciones, riesgos reputacionales y dificultades de acceso a financiamiento. En conjunto, esta actualización representa un cambio estructural que eleva los estándares de control y transparencia, haciendo clave su adopción oportuna para mantener competitividad y confianza en el mercado.

PANORAMA NACIONAL

DIAN MODIFICA FECHA DE VENCIMIENTOS TRIBUTARIOS POR DÍA CIVICO DEL 17 DE ABRIL DE 2026

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales informó que varios vencimientos del calendario tributario serán modificados debido a la declaratoria de día cívico para las entidades del orden nacional el día de hoy 17 de abril de 2026, fecha que corresponde al tercer viernes del mes. Esta medida implica que las obligaciones tributarias cuyo plazo coincidía con el día de hoy, así como los vencimientos posteriores establecidos en el calendario oficial, se trasladarán al siguiente día hábil.

La decisión se fundamenta en lo dispuesto por el Decreto 500 de 2024, que estableció como día cívico el tercer viernes de abril para las entidades del orden nacional, y en las reglas del calendario tributario fijadas mediante el Decreto 2229 de 2023, el cual determina que los plazos de cumplimiento de las obligaciones tributarias se cuentan en días hábiles. 

De acuerdo con la entidad, la medida impacta distintas obligaciones fiscales que deben cumplir las empresas y contribuyentes durante el mes de abril. Entre ellas se encuentran la declaración y pago de la segunda cuota del impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 2025 para grandes contribuyentes, así como la declaración y pago mensual de las retenciones en la fuente del año 2026. También se ven afectadas otras obligaciones relevantes como la declaración anual de Presencia Económica Significativa (PES) y la declaración anual y pago del Régimen Simple de Tributación (RST). La autoridad tributaria explicó que, al modificarse el carácter hábil del día de hoy, no solo se ajusta el vencimiento que coincidía con el día cívico, sino que también se desplazan los plazos posteriores definidos en el calendario tributario, por lo que los contribuyentes deberán revisar cuidadosamente las nuevas fechas aplicables a cada obligación.

Para el sector empresarial, estos ajustes implican la necesidad de revisar la programación interna de los procesos contables y fiscales, especialmente en organizaciones con alto volumen de obligaciones tributarias o con operaciones que dependen de cronogramas estrictos de cumplimiento. Aunque la medida no modifica el contenido de las obligaciones ni introduce nuevos requisitos, sí genera cambios en los plazos efectivos para la presentación y pago de algunos tributos a lo largo del 2026.

GOBIERNO NACIONAL PROPONE SUBIR LA META DE INFLACIÓN REAVIVANDO TENSIONES CON EL BANCO DE LA REPÚBLICA Y GENERANDO ALERTAS EN EL SECTOR PRODUCTIVO

La propuesta del ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, de discutir un posible aumento en la meta de inflación en Colombia ha reavivado el debate sobre la política económica del país. En un debate en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, el ministro planteó que una meta del 4 % o incluso del 5 % no afectaría significativamente la economía, y cuestionó que el objetivo actual del 3 % limite el crecimiento.

Esta postura contrasta con la del Banco de la República, que mantiene el 3 % como ancla de estabilidad macroeconómica y referencia clave para la política monetaria. La entidad ha reiterado que no alcanzar la meta en el corto plazo no justifica modificarla, sino continuar con una estrategia gradual para reducir la inflación. Además, defiende que mantener una meta clara fortalece la credibilidad y contribuye a un crecimiento sostenible. En cambio, el ministro considera que la política monetaria ha reaccionado en exceso a expectativas inflacionarias, sin considerar suficientemente factores reales como choques de oferta, condiciones climáticas, costos energéticos y el entorno internacional.

El debate se intensifica en medio de un reciente repunte inflacionario. En marzo, la inflación anual se ubicó en 5,56 %, superando las expectativas del mercado. Este incremento ha sido impulsado por alimentos, servicios públicos, comunicaciones y costos laborales. Asimismo, el aumento del salario mínimo para 2026 ha añadido presión sobre los precios, especialmente en sectores intensivos en mano de obra. Analistas proyectan que la inflación podría cerrar el año entre 5,8 % y 6,5 %, aún por encima de la meta oficial.

Para el sector empresarial, un cambio en la meta inflacionaria en este contexto podría debilitar la credibilidad del marco macroeconómico y aumentar la incertidumbre sobre costos como materias primas, transporte, energía y salarios. Esto afectaría la planificación financiera y los márgenes, especialmente en industrias sensibles a la volatilidad.

En este escenario, el debate anticipa un entorno económico más incierto, donde será clave fortalecer la gestión de riesgos, ajustar estrategias y monitorear de cerca las decisiones del Gobierno y del Banco de la República.