El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0223 de 2026, mediante el cual se establecen nuevas reglas para la regulación de las prácticas laborales y del contrato de aprendizaje en Colombia. El decreto establece un marco regulatorio integral que rige los mecanismos de vinculación de estudiantes mediante contratos de aprendizaje o esquemas de vinculación formativa. En este sentido, la norma precisa que el contrato de aprendizaje constituye un contrato laboral especial y a término fijo, mediante el cual una persona natural desarrolla formación teórica y práctica en una empresa patrocinadora mientras adquiere competencias profesionales relacionadas con el oficio, actividad u ocupación propia del programa de formación, periodo durante el cual el aprendiz recibe un apoyo de sostenimiento mensual.

En materia de duración y estructura del contrato de aprendizaje, la norma establece que la relación formativa podrá extenderse hasta por tres años, dependiendo del programa académico o técnico que curse el aprendiz. Igualmente, en los programas de formación dual, el contrato deberá garantizar una distribución equilibrada entre sus fases, manteniendo una proporción que permita el desarrollo integral del proceso formativo. En todo caso, la alternancia entre ambas fases podrá organizarse por días, semanas o meses, según lo determinen la institución educativa y la empresa patrocinadora en función del diseño curricular del programa. El decreto también introduce reglas específicas sobre el contenido y formalización del contrato de aprendizaje, estableciendo que este deberá constar por escrito e incluir información detallada sobre la empresa patrocinadora, la institución educativa, el programa de formación, la duración de cada una de sus fases, el monto del apoyo de sostenimiento, las obligaciones de las partes y las causales de terminación de la relación formativa, donde se incluyen la expiración del plazo pactado, el mutuo acuerdo entre las partes, la liquidación o cierre definitivo de la empresa, o la existencia de una causa justificada debidamente acreditada. 

En relación con las obligaciones empresariales, el decreto ratifica el sistema de cuota de aprendizaje, mediante el cual las empresas deben vincular un número mínimo de aprendices proporcional al tamaño de su planta de trabajadores. La determinación de dicha cuota corresponde al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), entidad que verificará la información reportada por las empresas y podrá fijar la cuota correspondiente con base en los datos disponibles en sus sistemas de información, para lo cual las empresas deberán informar periódicamente cualquier variación en el número de trabajadores que pueda afectar el cálculo de la cuota obligatoria de aprendices. Igualmente, se establece que las empresas patrocinadoras deberán afiliar a los aprendices al sistema de riesgos laborales durante las fases lectiva y práctica, cuando las actividades desarrolladas impliquen exposición a riesgos ocupacionales, para lo cual afiliación deberá realizarse conforme a la actividad económica principal de la empresa y será asumida en su totalidad por la organización patrocinadora.

El nuevo marco normativo introduce nuevas exigencias en materia de contrato de aprendizaje, lo que obliga a revisar y ajustar los procesos internos de gestión del talento humano, especialmente en lo relacionado con la vinculación, seguimiento y evaluación de los aprendices; para lo cual es necesario fortalecer los mecanismos de cumplimiento normativo, actualizar los procedimientos administrativos y garantizar la adecuada articulación entre las áreas responsables, con el fin de evitar riesgos legales y asegurar una implementación eficiente de las nuevas disposiciones.