El próximo domingo 20 de julio de 2025, el Presidente de la República instalará formalmente un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la República, iniciando la última legislatura del cuatrienio constitucional 2022-2026, donde el Gobierno Nacional tendrá las ultimas oportunidades para impulsar las grandes iniciativas de su plan de gobierno, previo a la finalización del periodo presidencial. Durante el tercer año legislativo (julio 2024 – junio 2025), el Gobierno Nacional logro obtener oxígeno político en un escenario legislativo complejo y con una trayectoria marcada por contrastes: al inicio, con sendas derrotas legislativas, proyectos claves archivados y otros con un escaso avance; y ya en el cierre, con la obtención de victorias significativas, ante la aprobación de dos de las tres reformas sociales anunciadas en campaña, siendo uno de los mayores logros la aprobación de la reforma laboral y la oportunidad de subsanar el trámite de la reforma pensional, conforme a la decisión de la Corte Constitucional. 

No obstante lo anterior, diversos centros académicos y de seguimiento legislativo coinciden en afirmar que el balance general para el Gobierno Nacional a la finalización de la tercera legislatura resulta ser agridulce, donde varios proyectos considerados fundamentales como los de presupuesto, financiamiento, reforma política, ecominerales, fracking, entre otros, fueron archivados; mientras que otras iniciativas, como la jurisdicción agraria y la reforma a la salud, solo lograron avanzar lentamente sin finalizar con éxito su trámite legislativo. A su vez, de conformidad con análisis comparativos históricos, el Gobierno Nacional liderado por el Presidente Gustavo Petro, evidencia en su balance el porcentaje más alto de proyectos archivados, con un 49% del total de los proyectos radicados por iniciativa del ejecutivo. 

El alto porcentaje de proyectos archivados se centra en parte, en la directa y constante confrontación entre el ejecutivo y otras ramas del poder público, en el marco de la cual se denunciaron bloqueos institucionales y golpes blandos ante decisiones contrarias a los intereses del Gobierno, afectando su relación con el Congreso, las Altas Cortes, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional, el Banco de la República, entre otras autoridades; y afectando la capacidad de construir consensos para el trámite de iniciativas consideradas fundamentales para la materialización del plan de gobierno. 

Se espera que el periodo legislativo próximo a iniciar se caracterice por la influencia del periodo pre-electoral y por el natural desgaste en las relaciones Congreso – Gobierno. A pesar de ello, el ejecutivo ha anunciado que una vez conformadas la mesas directivas de las plenarias y comisiones constitucionales permanentes insistirá en la discusión y tramite de una agenda legislativa robusta, la cual estará marcada por la radicación de una nueva reforma tributaria, mediante la cual espera recaudar alrededor de 12 billones de pesos; el presupuesto general de la nación para el año 2025; la reglamentación de competencias nacionales y territoriales en el marco de la reforma al Sistema General de Participaciones; la regulación de tarifas de servicios públicos; entre otras iniciativas que el Gobierno Nacional prepara para presentar a partir del próximo domingo al Congreso de la República, cuyos temarios ya han generado descontento y preocupación entre las diversas fuerzas políticas y agentes económicos, académicos y de la sociedad civil; hecho que propiciara un ambiente de confrontación constante y amplia discusión, en los que sin duda se posicionará la agenda nacional y marcará el debate público.