Con el inicio formal del nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la República, las bancadas legislativas y el Gobierno Nacional han avanzado en la construcción de diversas iniciativas normativas, cuya discusión iniciará en las próximas semanas, las cuales en caso de ser aprobadas, impactarán el entorno tributario para el sector empresarial en los próximos meses. Entre las iniciativas tributarias se destacan, tres proyectos de especial relevancia nacional, los cuales son: 

– Proyecto de Ley “Reactivación Económica”: Iniciativa congresional que tiene por objeto impulsar la reactivación económica del país mediante estímulos tributarios, sociales y financieros dirigidos a fortalecer el empleo, el emprendimiento, la inversión productiva y el consumo, con un enfoque especial en poblaciones vulnerables y regiones más afectadas por la desaceleración económica. La iniciativa, fundamentada en la necesidad urgente de estimular la economía nacional, en un contexto marcado por desaceleración del crecimiento, aumento del desempleo y caída del consumo interno, proyecta un costo fiscal neto de 1,2% del PIB en 2026, razón por la cual es indispensable que el proyecto reciba concepto favorable del Ministerio de Hacienda. Entre las principales propuestas se incluyen la creación de estímulos tributarios temporales para sectores estratégicos como turismo, agroindustria, comercio y servicios, incluyendo exenciones parciales del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y deducciones en el impuesto de renta; amnistías tributarias para facilitar la normalización de obligaciones fiscales en mora, con reducción de sanciones e intereses (incluyendo sanciones e intereses con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)); exenciones en materia de IVA a pequeños transportadores por reposición del parque automotor a vehículos por tecnologías menos contaminantes o eléctricas; reducción de la tarifa general del impuesto de renta al 30%; aumento de la tasa mínima de tributación depurada al 20%; entre otros. 

– Presupuesto General de la Nación 2026: Iniciativa radicada formalmente por el Gobierno Nacional, por un monto total de $ 557 billones, equivalente al 28,9 % del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para ese año. No obstante, $ 26,3 billones de ese total, es decir, el 4,7 % del presupuesto y 1,4 % del PIB, están sujetos a la aprobación de una ley de financiamiento (reforma tributaria) que el Gobierno Nacional planea presentar en las próximas semanas. Según el Ministerio de Hacienda, el proyecto de presupuesto fue diseñado bajo un enfoque de sostenibilidad consistente con la cláusula de escape de la regla fiscal, con el objetivo de proteger el gasto social y evitar un ajuste abrupto que afecte el crecimiento económico. Del monto total propuesto, la inversión pública programada asciende a $ 88,8 billones, con un incremento nominal del 5,7 % respecto a la inversión programada en el presupuesto de 2025; $102,4 billones se destinarían para el pago del servicio de la deuda; y, $365,7 billones serán destinados a funcionamiento, cifra que representa un 65,6% del monto total presupuestado para el año 2026. 

El proyecto de Presupuesto General de la Nación para la vigencia del 2026 debe ser aprobado por el Congreso antes del 25 de septiembre de 2025. Vencido el plazo sin surtirse la aprobación por parte del legislativo, el Presidente de la Republica tendrá la facultad de expedirlo por decreto. 

– Reforma Tributaria: Iniciativa que presentará el Gobierno Nacional en los próximos días, con la cual buscará recaudar 26,3 billones de pesos, para financiar parte del Presupuesto General de la Nación de 2026, cuyo valor asciende a casi 557 billones de pesos. A pesar de que el Ministerio de Hacienda aún última detalles del proyecto para presentarlo al Congreso de la República, a través de comunicados oficiales y declaraciones en medios de comunicación, se ha anunciado que la iniciativa se centrará en no gravar con Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la canasta familiar de forma general, ni modificar la tarifa del IVA actual; efectuar la revisión de las exenciones fiscales específicas, particularmente en sectores que no impactan el consumo de los hogares de menores ingresos; crear impuestos ambientales y de comportamiento, como gravámenes al carbono, plaguicidas, ruido y vapeadores; convertir en permanentes los impuestos para actividades como juegos de suerte y azar, así como plataformas digitales; imponer nuevos impuestos a los altos ingresos y capitales, así 

como aumentar el impuesto a dividendos herencias, fusiones económicas y salidas de capital; reducir los impuestos a las empresas, excepto a las extractoras de fósiles; imposición de una renta presuntiva sobre la improductividad de la tierra en grandes propiedades y sobre los ahorros en paraísos fiscales, así como aranceles a la importación de productos que generen CO₂. De no ser aprobada la reforma, el presupuesto ejecutable se reduciría a $530,7 billones (27,5 % del PIB) y el Ejecutivo tendrá que realizar las suspensiones de gasto correspondientes, conforme a lo previsto en el artículo 55 del Estatuto Orgánico de Presupuesto (EOP)*.

Dado el alcance de estas reformas y su potencial impacto en diversos sectores económicos, desde Asograsas, realizaremos seguimiento continuo al trámite de estas y otras iniciativas, en aras de mantendremos informados sobre su trámite legislativo y asegurar el cumplimiento normativo de sus compañías frente a eventuales ajustes tributarios relevantes para el sector de grasas y aceites vegetales comestibles.