El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), publico en fase de consulta pública, proyecto de decreto mediante el cual pretende sustituir el Título 4 de la Parte 10 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015 – Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural; con el objeto de establecer el procedimiento, período y requisitos necesarios para levar a cabo la convocatoria y elección por medios democráticos de los representantes de los máximos órganos directivos de los fondos de fomento y de estabilización de precios que manejen recursos parafiscales. Según la cartera ministerial, el proyecto normativo introduce el cumplimiento de unos mínimos reglamentarios para la garantía de los principios democráticos de publicidad, pluralidad, igualdad y transparencia, con los que busca garantizar la participación efectiva en los procesos electorales de todos los agentes que integran el sector respectivo, así como el reconocimiento e inclusión de las opiniones y propuestas de todos los contribuyentes, con el ánimo de que todas visiones sectoriales sean tenidas en cuenta en las decisiones que adopten las instancias directivas, mediante la ampliación del margen de representatividad de todos los actores que pagan la contribución parafiscal.

Entre los aspectos relevantes del proyecto normativo, se destaca que los procesos electorales serán planteados, convocados, gestionados y ejecutados por el MADR o el administrador, con cargo a los recursos del fondo, los cuales en todo caso deberán contar con el acompañamiento y seguimiento del MADR y de dos delegados veedores de la Comisión Mixta Nacional de Asuntos Campesinos. 

A su vez, se plantea que las elecciones para la conformación de los máximos órganos directivos deberán realizarse de manera separada de las elecciones de los órganos directivos de la entidad administradora del fondo; asi como introduce la garantía de representación mínima del 20 % de los asientos del máximo órgano de dirección del fondo a favor de los sectores subrepresentados, quienes tendrían derecho al veto respecto a las proposiciones y proyectos presentados al máximo órgano directivo en relación con la destinación de recursos; y, la garantía y verificación de inscripción de mujeres, víctimas del conflicto armado, usuarios de agricultura campesina familiar étnica y comunitaria, y organizaciones juveniles campesinas, en condiciones igualitarias a todos los demás candidatos. 

Igualmente en materia de inspección, vigilancia y control de la ejecución de recursos parafiscales, se prevé la obligación de registro en el plataforma “Mi registro rural” para acceder o contratar con cualquier programa que ejecute recursos de fondos de fomento y de estabilización de precios; la creación de un modulo denominado “Sistema de información único parafiscal” – SIUP donde se centralizará la información contractual y oferta institucional financiada mediante fondos de fomento o estabilización de precios, con reportes periódicos obligatorios de toda la información precontractual, contractual y postcontractual, de carácter no sensible o confidencial, financiada total o parcialmente mediante fondos de fomento o estabilización de precios.

Una vez sea expedida oficialmente la nueva normatividad, se aplicará un régimen de transición, donde la conformación de los máximos órganos directivos de los fondos de fomento y de estabilización de precios que administren recursos parafiscales que se efectúen o hayan efectuado antes de la expedición de la nueva normatividad, continuarían vigentes hasta el 31 de octubre de 2025, fecha máxima en la que deberán convocarse a unas nuevas elecciones bajo las reglas dispuestas por la nueva normatividad para el efecto.