Desde el pasado 1 de septiembre de 2026 comenzó a operar en Colombia el programa transitorio de incentivos al uso eficiente de energía eléctrica establecido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), mediante la Resolución CREG 101 120 de 2026, cuya fecha de inicio fue posteriormente fijada por la Resolución CREG 701 144 de 2026. La medida busca reducir la demanda de energía eléctrica y preservar la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional ante las condiciones de estrechez energética, baja hidrología y los riesgos asociados al fenómeno de El Niño. El programa tendrá inicialmente una duración de seis meses contados a partir del 1 de septiembre y podrá ser prorrogado por la CREG por periodos sucesivos de hasta seis meses mientras persistan las condiciones que justificaron su adopción. La Comisión también podrá terminarlo anticipadamente cuando desaparezcan las condiciones de estrechez energética, baja hidrología o riesgo para la confiabilidad del suministro.

El esquema se aplica automáticamente a los usuarios regulados de energía eléctrica atendidos por comercializadores minoristas dentro del Sistema Interconectado Nacional, siempre que su periodicidad de facturación no sea superior a bimestral. Para cada usuario, el comercializador determinará una meta individual diaria de consumo a partir del promedio de sus consumos diarios correspondientes a los ciclos completos de lectura facturados durante los doce meses anteriores a la entrada en vigor de la resolución. Esa meta será utilizada como referencia para establecer si el usuario mantuvo su consumo dentro del rango permitido, incrementó significativamente su demanda o logró un ahorro susceptible de reconocimiento.

Uno de los aspectos de mayor relevancia para el sector industrial es el tratamiento aplicable cuando se incrementa el consumo. La regulación establece una banda neutral hasta el 110 % de la meta individual, de manera que el consumo que se ubique por encima de la meta pero no supere ese porcentaje no genera cobro adicional. Sin embargo, cuando el consumo facturado exceda el 110 % de la meta, la energía que supere dicho umbral será objeto de un cobro adicional. Para los usuarios comerciales e industriales regulados, la CREG estableció un factor de cobro de 1,70 superior al previsto para los usuarios residenciales.

La regulación también incorpora un incentivo económico para quienes reduzcan efectivamente su consumo. Se reconocerá como ahorro la diferencia positiva entre el 90 % de la meta individual y el consumo efectivamente facturado, con un límite máximo equivalente al 30 % de la meta del respectivo ciclo. Los recursos recaudados por concepto de cobros adicionales conformarán una bolsa en cada mercado de comercialización y serán posteriormente distribuidos entre los usuarios que cumplan las condiciones para ser beneficiarios, mediante saldos a favor en su facturación.

La medida no aplica bajo el mismo esquema a los usuarios no regulados. Respecto de estos, la Resolución CREG 101 120 de 2026 dispone que los comercializadores deberán adelantar campañas informativas destinadas a promover reducciones en el consumo y podrán implementar mecanismos propios para incentivar el ahorro o desincentivar incrementos. 

La regulación contempla, además, determinadas exclusiones, entre ellas instituciones de salud, establecimientos educativos, organismos de emergencia, instituciones de seguridad y orden público, usuarios oficiales, algunos auto generadores y comunidades energéticas, entre otros casos definidos por la CREG. Posteriormente, mediante la Resolución CREG 701 144 de 2026, también fueron excluidos los usuarios regulados ubicados en los municipios identificados oficialmente como afectados por el sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026.

Desde Asograsas recomendamos a las empresas afiliadas revisar con sus comercializadores de energía su condición de usuario regulado, identificar la meta individual de consumo aplicable a cada instalación y evaluar el comportamiento esperado de su demanda energética durante los próximos meses, especialmente en aquellas plantas en las que puedan presentarse incrementos de producción o modificaciones operativas. Esta revisión permitirá anticipar eventuales impactos económicos derivados del nuevo esquema y adoptar oportunamente medidas de eficiencia energética compatibles con las necesidades productivas de cada compañía.