Mediante un comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Gobierno Norteamericano decidió descertificar a Colombia en su lucha contra el narcotráfico, enfatizando que el país no ha logrado reducir significativamente la producción de drogas ilícitas, especialmente en la región del Valle del Cauca y el Catatumbo, zonas históricamente afectadas por dinámicas ilegales. A pesar de la decisión, que supone una sanción política y reputacional, el Presidente Donald Trump decidió aplicar un waiver o exención por 12 meses, que blinda temporalmente la cooperación con Colombia al considerarla vital para los intereses nacionales de los Estados Unidos, lo cual representa que se mantendrá la asistencia y cooperación, pero con condiciones, informes periódicos y verificación independiente de los resultados. Si en los próximos 12 meses el Gobierno Colombiano no demuestra avances claros en reducción de áreas de coca, interdicción sostenida, extradiciones y desmantelamiento financiero de las organizaciones criminales, la reconsideración de la medida por parte del Gobierno Estadounidense quedara en entredicho y se podría eliminar cualquier tipo de exención. 

A pesar de las exenciones concedidas, la descertificación afecta la reputación internacional de Colombia y podría dificultar el acceso a créditos o cooperación con otros socios, generando desconfianza entre los inversionistas internacionales, dado a que si Colombia no es percibida como un aliado en la lucha contra el narcotráfico, algunas empresas extranjeras podrían reconsiderar sus inversiones en el país, especialmente aquellas relacionadas con sectores industriales como la manufactura y la infraestructura. A su vez, la escasez de recursos destinados a la cooperación bilateral podría llevar a un aumento en los costos operativos de las empresas industriales colombianas; en particular, para las industrias que dependen de la seguridad y de las cadenas de suministro libres de actividades ilícitas, como la producción de bienes manufacturados, las cuales podrían enfrentar costos más altos debido a un aumento en la inseguridad y la inestabilidad de sus actividades. Igualmente, no se descarta la posibilidad ante el reciente cruce de declaraciones entre los gobiernos colombiano y americano, que se impongan nuevas barreras comerciales, aumentando los aranceles o estableciendo restricciones más estrictas sobre las exportaciones colombianas, especialmente en productos agrícolas que representan una parte importante de la balanza comercial. 

La descertificación marca un nuevo punto de inflexión en las relaciones bilaterales entre ambos países. Si bien la medida representa un desafío para la política interna de Colombia, el país deberá reforzar sus estrategias para mitigar los efectos de la decisión estadounidense, incluyendo esfuerzos más intensos para la erradicación de cultivos ilícitos y el fortalecimiento de la seguridad en las regiones más afectadas. En todo caso, el panorama económico sigue siendo incierto, las posibles repercusiones en el comercio, la inversión extranjera y la estabilidad interna del país podrían poner en riesgo el crecimiento de sectores clave de la economía colombiana: donde la capacidad del país para adaptarse a este nuevo panorama definirá en gran medida su estabilidad económica y posición en el escenario internacional en los próximos años.