La Unión Europea (UE) ha anunciado que estudia un nuevo aplazamiento en la entrada en vigor del Reglamento sobre productos libres de deforestación (EUDR, por sus siglas en inglés), extendiendo su entrada en vigencia hasta diciembre de 2026. Según el portavoz comunitario el sistema de intercambio de información y recepción de declaraciones de diligencia debida, conocido como Sistema de Información sobre Productos Libres de Deforestación, presentó fallas técnicas que impiden su implementación adecuada antes del 31 de diciembre de 2025; hecho que obliga a las autoridades europeas a extender nuevamente el plazo de cumplimiento, hasta el 31 de diciembre de 2026 con la finalidad de evitar problemas en empresas y cadenas de suministro. La comisaria del medio ambiente negó cualquier vínculo del aplazamiento con el acuerdo comercial alcanzado recientemente con Indonesia, un país al que la aplicación de la ley afectaría significativamente, o con la firma reciente de otros acuerdos comerciales con Japón, Estados Unidos, Malasia y otros productores de bienes sujetos al reglamento. 

Aunque reconoció que países de la UE, como Polonia y Austria, han afirmado que los productores europeos presentan dificultades para cumplir con las normas de trazabilidad; llamado al que se sumaron diversos agentes industriales, grupos políticos y terceros países, quienes advirtieron que el ejecutivo de la comunidad europea no ha ofrecido la orientación adecuada para ayudar a las empresas durante la fase de transición. 

A su vez, la delegada destaco la existencia de un número significativo de propuestas de modificación del reglamento, enfatizando que es probable que la ley que entre en vigor el próximo 31 diciembre de 2026, sea sometida a un proceso de ajuste y modificación, en aras de simplificar sus disposiciones de cumplimiento, reducir su impacto en los negocios y las cadenas de suministro. A pesar del aplazamiento, las autoridades comunitarias han dejado claro que no se trata de un retroceso en los objetivos ambientales europeos; por lo que la exigencia de garantizar que los productos exportados al mercado europeo no hayan contribuido a la deforestación se mantiene como una prioridad política. Conforme a lo anterior, se espera que para el 31 de diciembre de 2026, todas las empresas que deseen exportar materias primas agrícolas o productos derivados deban cumplir con estrictos criterios de sostenibilidad, respaldados con pruebas geográficas, documentales y legales. Según analistas del comercio internacional y sostenibilidad, no se debe interpretar el aplazamiento como un margen para la inacción, sino como un espacio valioso para implementar los cambios necesarios en la cadena de suministro, en el que los productores, de la mano con exportadores, asociaciones gremiales y entidades certificadoras, fortalezcan sus sistemas de monitoreo, adopten tecnologías de trazabilidad y documenten rigurosamente el origen de sus productos, asumiendo un liderazgo proactivo si se desea seguir compitiendo en los mercados europeos a futuro. 

La propuesta de aplazamiento fue presentada el pasado martes a los legisladores del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, y necesita la aprobación de la mayoría de los delgados de los Estados Miembros en las instancias comunitarias. Por ende, se espera que en las próximas semanas la propuesta sea evaluada, discutida y votada en las sesiones ordinarias, para formalizar el aplazamiento de su entrada en vigencia hasta el próximo 31 de diciembre de 2026.