El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), publico en fase de consulta pública, una segunda versión del proyecto de decreto mediante el cual pretende reglamentar el Articulo 30 de la Ley 101 de 1993 en lo relacionado con las condiciones de representatividad nacional de una actividad, adicionar artículos al Título 2 de la Parte 10 del Libro 2; sustituir el Título 4 de la Parte 10 del Libro 2; adicionar el Título 7 a la Parte 10 del Libro 2, del Decreto 1071 de 2015 Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural. De conformidad con la cartera ministerial, esta es la segunda versión del proyecto regulatorio, donde se ajustan algunos aspectos de conformidad con los comentarios y observaciones recibidas por parte de los agentes interesados, allegados en la fase de consulta pública de la primera versión del proyecto decreto. La normatividad propuesta mantiene el objetivo de establecer el procedimiento, período y requisitos necesarios para llevar a cabo la convocatoria y elección por medios democráticos de los representantes de los máximos órganos directivos de los fondos de fomento y de estabilización de precios que manejen recursos parafiscales; introducir medidas en cumplimiento de los principios democráticos de publicidad, pluralidad, igualdad y transparencia; incentivar de forma efectiva y garantizar la participación y representatividad de todos los contribuyentes del sector; e incorporar garantías de medios democráticos para determinar la representatividad del gremio o colectividad que suscriba con el MADR, el contrato de administración de los fondos. 

Entre los aspectos más relevantes del proyecto normativo, se destaca la obligación para los órganos directivos de publicar informes semestrales en los que se ponga en conocimiento público los avances e impactos de cada fondo en materia de programas económicos, sociales y de infraestructura para beneficio del sector respectivo, las acciones de apoyo a la regulación de la oferta y la demanda para proteger a los productores contra oscilaciones anormales de los precios y procurarles un ingreso remunerativo, las metas y proyectos anuales, así como las acciones relacionadas con el mejoramiento del ingreso y calidad de vida de los pequeños y medianos productores, la promoción del desarrollo rural económicamente eficiente con distribución equitativa de cargas y beneficios, entre otros aspectos relevantes de su gestión. 

A su vez , dispone el deber de garantizar la publicidad de toda la información precontractual, contractual y postcontractual, financiada total o parcialmente mediante fondos de fomento; la formulación y construcción semestral por parte del MADR, de informes públicos de evaluación de indicadores de eficiencia, eficacia, impacto y resultado de la incidencia de los fondos parafiscales respecto de sus objetivos y fines legales, y su relación con las políticas agropecuarias sectoriales. 

Frente a los aspectos de la elección de los miembros de fondos de fomento y estabilización de precios, se contempla la obligación de dar cumplimiento estricto a los principios democráticos de publicidad, pluralidad, igualdad y transparencia; el deber de garantizar la participación en condiciones justas, no discriminatorias y equitativas en oportunidades, eliminando barreras para la postulación y acceso a la representación con enfoque diferencial en pequeños y medianos productores, mujeres, víctimas del conflicto armado y usuarios de la agricultura familiar y comunitaria, introduciendo garantías de representación mínima para mujeres, quienes conformaran mínimamente el 50% del total de los miembros de los órganos directivos, asi como de pequeños productores de regiones subrepresentadas o usuarios de agricultura familiar y comunitaria, quienes ocuparan al menos uno del total de los escaños previstos para miembros de órganos directivos de los fondos. Igualmente, se prevén los requisitos mínimos de los candidatos a ser miembros de los órganos directivos; el procedimiento para la elección; las reglas de integración del comité verificador; el procedimiento para la verificación de condiciones de representatividad nacional y condiciones administrativas para la progresividad en la representatividad; el derecho al voto; y el periodo de elección, el cual será de dos (2) años contados desde la fecha en que se realice la primera sesión posterior a las elecciones, salvo disposición legal vigente en contrario. En todo caso, se prevé que los periodos serán institucionales y no procederá reelección, por lo que para los órganos directivos que tengan prevista la reelección, esta procederá por una única vez de forma consecutiva

De conformidad con las recientes declaraciones de la Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, se espera que la presente normatividad sea expedida durante las próximas semanas, antes de finalizar el mes de octubre de 2025; por lo que una vez firmada y publicada en el diario oficial, su contenido será de obligatorio cumplimiento para todos los sujetos obligados.