En su más reciente informe del panorama fiscal y presupuestal del país, la Contraloría General de la República alertó sobre la crítica situación fiscal y presupuestal, ante el rezago en el cumplimiento de la meta de recaudo tributario, la baja ejecución del gasto y la alta dependencia del presupuesto de 2026 de una reforma tributaria aún no aprobada por el Congreso de la República. Según el ente de control, la economía colombiana enfrenta presiones relevantes en materia de sostenibilidad fiscal, proyectando un déficit de 7.1 % del PIB, el cual supera ampliamente el límite permitido por la regla fiscal que se encuentra suspendida ante la activación de cláusula de escape, actuación que le permitió al Gobierno Nacional realizar mayor gasto, pese a las restricciones de ingresos, sustentado en la elevada rigidez del gasto público y la necesidad de sostener la demanda agregada mediante el gasto estatal.

En materia tributaria, el informe destaca que a octubre de 2025 el recaudo alcanzo un cumplimiento del 95.8 % de la meta fijada, $9.8 billones por debajo de la estimación presentada por el Gobierno Nacional, indicador que resulta ser un rezago importante en la meta anual de recaudo, la cual se estima no tendrá una corrección significativa en el último bimestre de 2025, dado a que no se espera un repunte en la tendencia observada. Por ende, la entidad concluye que el cierre tributario de 2025 será lejano frente a la meta proyectada, hecho que conllevará efectos directos sobre la caja del Gobierno Nacional y afectará su capacidad de ejecutar programas de inversión social, infraestructura y funcionamiento, en el corto y mediano plazo.

A su vez, el informe destaca un nivel de ejecución presupuestal inferior al proyectado, donde a corte del mes de octubre de 2025, solo el 67.2 % del presupuesto total se encuentra ejecutado y únicamente el 46.6 % del rubro de inversión se ha obligado, a tan solo dos meses de finalizar la vigencia fiscal. Esta tendencia de baja ejecución propicia una alta perdida de apropiación presupuestal, la constitución de reservas no ejecutadas y una menor provisión de bienes y servicios públicos esenciales para el desarrollo económico.

Finalmente para el próximo año, el informe destaca que si bien el Gobierno Nacional proyecta una reducción del déficit total a 6.2 % del PIB, apoyado en un mayor recaudo tributario derivado de la Ley de Financiamiento y una reducción significativa en el pago de intereses de deuda; al contrastar las cifras macroeconómicas actuales, el déficit primario empeorará aumentando de -1.45 % a -1.97 % del PIB, hecho que denota que no se cuenta con un plan de ajuste creíble que permita retomar la senda de cumplimiento de la regla fiscal. A su vez, frente al Presupuesto General de la Nación que asciende a $546,9 billones, se presenta un desbalance de $16,3 billones que dependen de una ley de financiamiento aún no tramitada, hecho que según el informe denota una indebida planeación presupuestal, dada la programación deficiente del gasto y la constitución de reservas sobredimensionadas, que han impactado la eficiencia presupuestal y propiciado el aumento del déficit fiscal, ante lo cual la Contraloría General de la Republica insistió en la necesidad de realizar un pacto real de eficiencia del gasto, que evite un crecimiento desbordado de los gastos de funcionamiento y garantice que cada rubro del presupuesto se ejecute con criterios de responsabilidad, transparencia y efectividad.