Las negociaciones para definir el aumento del salario mínimo de 2026 avanzan en un ambiente crítico, caracterizado por posturas ampliamente divergentes entre el Gobierno, los sindicatos y los gremios empresariales, mientras se acerca la fecha límite para llegar a un acuerdo. 

En el marco del proceso de negociación, durante la presente semana las partes revelaron sus propuestas oficiales en la mesa de concertación tripartita. De una parte, las centrales sindicales, como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación General del Trabajo (CGT), presentaron una solicitud de aumento del 16 %, argumentando que esa cifra responde a la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación y mejorar las condiciones de vida de millones de hogares colombianos. Mientras tanto, gremios empresariales, propusieron un incremento más moderado de 7,21 %, basado en cálculos técnicos que combinan la inflación observada, la productividad y un ajuste adicional, propuesta que según los empresarios busca equilibrar la necesidad de aumentar los ingresos de los trabajadores sin poner en riesgo la sostenibilidad económica de las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas, que representan la mayoría del tejido empresarial en el país. 

Mientras tanto el Gobierno Nacional, encabezado en la mesa de negociación por el Ministerio del Trabajo, ha reiterado su papel como mediador en el proceso, a pesar del anuncio realizado hace algunos días por el Ministro del Interior, en el que destaco que el ejecutivo considera pertinente efectuar un aumento de doble digito por encima de la inflación. A pesar de lo anterior, el jefe de la cartera ministerial admitió que las distancias entre las propuestas sindicales y empresariales hacen complejo lograr un acuerdo inmediato, destacando un ambiente de diálogo respetuoso en la mesa y la voluntad de las partes para avanzar hacia un consenso.

Sentadas las posiciones de todos los agentes en la mesa negociación, el sector empresarial ha advertido los posibles impactos de un incremento elevado y subjetivo, calificando la propuesta de los trabajadores como “desorbitada” e “infundada”, y señalando que cualquier propuesta que supere la inflación actual, podría generar presiones inflacionarias, aumentar la informalidad y afectar la competitividad de las empresas si no se fundamenta en criterios técnicos sólidos. 

La mesa de concertación continuará las negociaciones en los próximos días, con el objetivo de alcanzar un acuerdo antes del 15 de diciembre, fecha límite establecida por la ley para presentar una decisión concertada que evite la intervención directa del Ejecutivo, mediante una fijación unilateral del incremento por decreto. En todo caso, el valor del incremento resultará ser un factor determinante para definir los ingresos de millones de trabajadores y analizar sus implicaciones en el mercado laboral y la economía nacional en el corto y mediano plazo.