Mediante la Circular 0120 del 27 de noviembre de 2025, el Ministerio del Trabajo expidió los lineamientos unificados y vinculantes para el trámite de la autorización de despido de trabajadores y contratistas con estabilidad laboral / ocupacional reforzada por discapacidad o por condiciones de salud, los cuales deberán ser aplicados por los inspectores de trabajo y seguridad social en la evaluación de las solicitudes presentadas por los empleadores. Conforme a las declaraciones del jefe de la cartera ministerial, la normatividad está orientada a eliminar barreras en la gestión del trámite, asegurar su resolución eficaz, garantizar la debida protección de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras con estabilidad laboral u ocupacional reforzada y cerrar las brechas de interpretación actualmente existentes entre empleadores e inspectores, asegurando un control real sobre la legalidad de las actuaciones.

El documento normativo destaca que el mero vencimiento del contrato (laboral a término fijo, laboral a término indefinido, obra o labor, prestación de servicios, entre otras modalidades contractuales) no elimina la estabilidad laboral reforzada, por lo que incluso si el contrato expira y el trabajador se encuentra en condición de salud que lo coloca en debilidad manifiesta, el empleador no podrá terminarlo sin autorización del Ministerio del Trabajo, en atención a que no existe “libertad contractual plena” para dar por terminada la relación contractual. Conforme a lo anterior, toda desvinculación de trabajadores con estabilidad laboral reforzada debe estar soportada con criterios objetivos, verificables y ajenos a la condición de salud, los cuales deben acreditarse ante la autoridad administrativa, quien deberá activar los mecanismos de control para verificar los hechos y prevenir la discriminación encubierta. 

A su vez, la circular destaca que el empleador podrá alegar causales objetivas de terminación del contrato, siempre y cuando acredite que se tratan de hechos probados y no presuntos; que la causal no se encuentra relacionada con la discapacidad o condición de salud del trabajador; y, que la decisión de dar por terminada la relación contractual habría sido la misma frente a un trabajador sin discapacidad, circunstancias frente a las cuales se exige un análisis riguroso por parte del inspector del trabajo, quien deberá evaluar si la solicitud radicada por el empleador cumple con los criterios de congruencia y motivación de la causal, proporcionalidad de la decisión y revisión de las condiciones particulares del trabajador.