El Ministerio de Hacienda y Crédito Público radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley mediante el cual se pretende adoptar un nuevo régimen sancionatorio y de decomiso de mercancías en materia aduanera, así como el procedimiento aplicable ante el incumplimiento de obligaciones y disposiciones aduaneras en el marco de las operaciones de comercio exterior.

La iniciativa que se tramitará bajo el radicado PL 312 del 2025, se presentó en cumplimiento de la Sentencia C-072 de 2025 de la Corte Constitucional, en la que se declararon inexequibles el régimen sancionatorio (Decreto Ley 920 de 2023) expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de facultades extraordinarias atribuidas en el Artículo 68 de la Ley 2277 de 2022, por exceder el régimen de facultades especiales que pueden ser otorgadas al Ejecutivo, advirtiendo que el Congreso no puede delegar la expedición de códigos completos al Gobierno, incluso bajo el argumento de facultades especiales, por tratarse de materias reservadas a ser reguladas de manera exclusiva mediante Leyes de la Republica. 

En el fallo de constitucionalidad, la Corte Constitucional estableció como plazo máximo el 30 de junio de 2026 para que el Congreso de la Republica regule la materia de manera definitiva y la autoridad aduanera mantenga intacta su capacidad de imponer sanciones y decomisar mercancías que se encuentren en situación irregular; por lo que el proyecto presentado deberá ser aprobado por el legislativo antes del próximo 20 de junio de 2026, fecha en que finaliza la legislatura. 

A pesar de que el proyecto es el resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio, la Presidencia de la República y la DIAN, para fortalecer la lucha contra el contrabando y las prácticas ilegales, mediante la expedición de un marco normativo claro y actualizado que brinde seguridad jurídica y se adapte a la dinámica del comercio global; diversos analistas y agentes del sector productivo advierten que el proyecto no resuelve las problemáticas actualmente existentes en materia aduanera, manteniendo sanciones excesivas y disposiciones ambiguas, que propician escenarios de incertidumbre empresarial y elevan los costos de cumplimiento del sector privado, advirtiendo que la efectividad del régimen propuesto dependerá de su proporcionalidad y de la capacidad institucional de la DIAN para aplicar los controles de manera técnica, evitando sanciones por meros formalismos.

Entre los aspectos mas relevantes del proyecto se destacan la reorganización del catálogo de infracciones, donde de las 357 faltas actuales, solo quedarán 80, mientras que las causales de aprehensión se reducirán de 42 a 26; delimita las facultades de las autoridades aduaneras para imponer sanciones o realizar decomisos; introduce cambios en los procesos de auditorías; incorpora principios de debido proceso; plantea incentivos al cumplimiento, entre otros elementos cuya discusión iniciará en las próximas semanas en el legislativo, donde las bancadas políticas han manifestado su compromiso con realizar un debate profundo que aporte a la construcción de un instrumento jurídico moderno, técnico y garantista, alineado con las mejores prácticas internacionales y con los principios constitucionales.