El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0173 del 24 de febrero de 2026, mediante el cual crea un impuesto temporal al patrimonio aplicable a personas jurídicas y sociedades de hecho durante la vigencia del año gravable 2026. Esta medida se adopta en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el ejecutivo mediante el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026 para enfrentar los efectos de los fenómenos hidrometeorológicos extremos que han afectado los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

La norma establece como sujetos pasivos del impuesto al patrimonio a las personas jurídicas y sociedades de hecho que sean declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, siempre que posean, al 01 de marzo de 2026, un patrimonio igual o superior a doscientas mil (200.000) UVT, equivalentes a $10.474.800.000, teniendo en cuenta que el valor de la UVT para el año 2026 fue fijado en $52.374.La base gravable del impuesto se determinará tomando el valor del patrimonio bruto poseído a 01 de marzo de 2026, menos las deudas a cargo del contribuyente, determinadas conforme a lo previsto en el Título II del Libro I del Estatuto Tributario. De dicha base deberán excluirse: (I) el valor patrimonial neto de las acciones, cuotas o partes de interés en sociedades nacionales poseídas directa o indirectamente, incluyendo aquellas mantenidas a través de vehículos de inversión sin personería jurídica; (II) el valor patrimonial neto de los activos fijos inmuebles adquiridos y/o destinados al control y mejoramiento del medio ambiente por parte de las empresas públicas de acueducto y alcantarillado; (III) el valor de la reserva técnica de Fogafín y Fogacoop; y (IV) el valor patrimonial de los aportes sociales realizados por sus asociados. 

El decreto fija dos tasas diferenciadas según el perfil de la actividad económica: una tarifa general del 0,50 % para la mayoría de sectores productivos; y una tarifa más alta de 1,60 % para instituciones financieras, entidades aseguradoras y reaseguradoras, sociedades comisionistas de bolsa de valores, sociedades comisionistas agropecuarias, bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities, proveedores de infraestructura del mercado de valores, personas jurídicas que desarrollen actividades de extracción de hulla, extracción de carbón lignito y extracción de petróleo crudo. 

La obligación de declarar y pagar el tributo se estructuró en dos cuotas: el 50 % del valor del impuesto deberá cancelarse el 01 de abril de 2026 y el saldo restante el 4 de mayo de 2026. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) prescribirá el formulario para realizar la declaración del impuesto al patrimonio el 01 de abril de 2026, fecha del primer pago. El Ministerio de Hacienda proyecta que la recaudación podría acercarse a 8 billones de pesos, recursos que, según el Gobierno, se destinarán a atender las necesidades presupuestales urgentes derivadas de la emergencia y a financiar la reconstrucción y mitigación de daños, en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

La medida que entró en vigor el 25 de febrero de 2026 ha generado reacciones mixtas en el entorno empresarial. Mientras el Gobierno defiende la medida como una herramienta excepcional para movilizar recursos rápidamente sin la aprobación previa del Congreso, algunos sectores privados han expresado inquietudes sobre el impacto de esta carga tributaria sobre la inversión, la liquidez empresarial y el clima de negocios en general, especialmente si se considera que no forma parte de una reforma tributaria estructural sino de una respuesta temporal a una crisis. Para la industria de grasas y aceites comestibles, el impacto potencial de la medida dependerá del nivel de patrimonio de las empresas y de su estructura de activos y deudas al corte del 01 de marzo del presente año. El nuevo tributo podría afectar decisiones de inversión, la asignación de utilidades y estrategias de gestión patrimonial durante 2026. Además, la obligación de cumplir con plazos de pago tan próximos (abril y mayo) exigirá una programación financiera rigurosa para evitar contingencias tributarias.