La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) expidió la Circular No. 003 de 2026, mediante la cual impartió orientaciones y anunció medidas de vigilancia en materia de libre competencia económica, protección de los consumidores y derechos de los usuarios de telecomunicaciones, en el marco de la situación de desastre nacional y del estado de emergencia económica, social y ecológica declarados por el Gobierno Nacional como consecuencia del sismo ocurrido el pasado 10 de agosto. La circular está dirigida, entre otros, a productores, proveedores, comercializadores y distribuidores de todo el territorio nacional. 

Uno de los aspectos de mayor relevancia para el sector de grasas y aceites comestibles es el llamado realizado por la SIC frente al comportamiento de los precios de los productos de la canasta familiar y de primera necesidad. La autoridad recordó que, en situaciones de emergencia, los agentes económicos no están autorizados para incrementar de manera sustancial e injustificada los precios de los bienes y servicios necesarios para atender la emergencia o superar sus consecuencias cuando ese comportamiento pueda limitar el acceso de los consumidores en condiciones de equidad. En desarrollo de este criterio, la circular advierte que los agentes del mercado, particularmente aquellos que participan en las zonas afectadas por el sismo, no pueden aprovechar la emergencia para desarrollar prácticas de especulación. 

Este aspecto resulta especialmente relevante para las empresas del sector ante los eventuales aumentos de costos ocasionados por restricciones viales, mayores tiempos de transporte, dificultades logísticas o alteraciones en las cadenas de abastecimiento. Aunque la circular no establece un congelamiento general de precios ni prohíbe cualquier incremento, dirige su advertencia contra los aumentos sustanciales que carezcan de una justificación económica objetiva. En este contexto, resulta recomendable que los agentes económicos conserven la información y los soportes que permitan explicar objetivamente las variaciones de costos que eventualmente incidan sobre sus decisiones comerciales.

La SIC también reiteró la prohibición de celebrar acuerdos anticompetitivos entre agentes del mercado para incrementar los precios de los bienes y servicios vinculados con la emergencia, incluidos los productos de la canasta familiar y de primera necesidad. La prohibición comprende tanto la fijación directa de precios como las prácticas encaminadas a limitar artificialmente la oferta para producir ese resultado. La circular aclara, no obstante, que el régimen de competencia permite desarrollar acuerdos legítimos de colaboración entre competidores cuando sean necesarios para atender la emergencia o superar sus efectos, generen beneficios que se trasladen efectivamente a los consumidores y no promuevan la eliminación de la competencia. Esta precisión puede resultar relevante para eventuales mecanismos extraordinarios de colaboración empresarial que sean necesarios para mantener el abastecimiento en las zonas afectadas. 

En materia de protección al consumidor, la Superintendencia anunció especial vigilancia frente al suministro de información engañosa, incompleta o inexacta sobre disponibilidad, características, precios o condiciones de los productos; la publicidad que utilice falsas afirmaciones de escasez o urgencia artificial; el incumplimiento de promociones ofrecidas con ocasión de la emergencia; y, en general, cualquier práctica que aproveche la situación de necesidad de los consumidores afectados para vulnerar sus derechos. La SIC también exhortó a las alcaldías a fortalecer sus actividades de inspección y vigilancia, incluyendo la realización de visitas administrativas a establecimientos de comercio, particularmente aquellos que comercialicen bienes necesarios para atender la emergencia, productos de primera necesidad y bienes integrantes de la canasta familiar en los municipios afectados. 

Finalmente, la Superintendencia advirtió que mantendrá actividades de vigilancia para prevenir prácticas de especulación orientadas a incrementar artificialmente los precios y recibirá denuncias provenientes de consumidores, agentes económicos, organizaciones y agremiaciones. El incumplimiento de las normas de protección al consumidor podrá dar lugar al inicio de investigaciones administrativas y a la imposición de las sanciones previstas en el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011. Para las empresas de la industria de grasas y aceites comestibles, la circular hace particularmente relevante fortalecer la trazabilidad y documentación de las decisiones comerciales adoptadas durante la emergencia, especialmente cuando se presenten variaciones de precios asociadas a mayores costos logísticos, restricciones de transporte, disponibilidad de materias primas u otras alteraciones objetivas de la cadena de abastecimiento. Asimismo, deberán mantenerse las precauciones propias del régimen de libre competencia respecto del intercambio de información comercial sensible y de cualquier coordinación entre competidores.

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