El Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de los efectos del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo legal mensual vigente para 2026 en $1.750.905, equivalente a un incremento del 23 % respecto al fijado en 2025. El decreto había sido expedido por el Presidente de la República tras no alcanzarse un acuerdo en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales; e incorporaba en su motivación como elemento central del aumento el concepto de “salario vital”, apoyado en estudios técnicos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Sin embargo, los demandantes alegaron que el Gobierno Nacional desbordó los parámetros obligatorios del artículo 8 de la Ley 278 de 1996, que ordena tener en cuenta variables como inflación observada, meta de inflación, productividad, contribución de los salarios al ingreso nacional y crecimiento del PIB. A su juicio, el decreto sustituyó esos criterios por uno no previsto expresamente en la ley, lo que configuraría una infracción manifiesta del principio de legalidad; y advirtiendo riesgos macroeconómicos asociados a inflación, informalidad, presión sobre costos empresariales e impacto fiscal derivado de la indexación de obligaciones atadas al salario mínimo.

Al resolver las solicitudes de medida cautelar, el Consejo de Estado consideró que se configuraban los presupuestos para decretar la suspensión provisional, en tanto existían cuestionamientos jurídicos serios sobre la motivación y la ponderación de los factores legales obligatorios. En consecuencia, no solo suspendió los efectos del decreto, sino que impartió una orden concreta a las entidades demandadas (Ministerio del Trabajo, Ministerio de Hacienda y Presidencia de la Republica) para que adopten una fijación sustitutiva de carácter transitorio, mientras se profiere sentencia definitiva.

En la providencia, el Consejo de Estado ordenó que en el término de ocho días calendario se realice la fijación sustitutiva de carácter transitorio del salario mínimo para 2026 con estricta sujeción a los parámetros del artículo 8 de la Ley 278 de 1996, asegurando que ninguno de estos criterios sea excluido ni sustituido por factores no previstos legalmente. La decisión enfatiza que, mientras se profiere sentencia definitiva, el Gobierno debe adoptar un acto administrativo técnicamente sustentado, con explicación verificable de la incidencia de cada variable en el porcentaje final, preservando la remuneración mínima, vital y móvil dentro del marco de legalidad y sostenibilidad macroeconómica.

Los efectos de la suspensión provisional se harán efectivos únicamente a partir de la fecha en que se publique el decreto de aumento transitorio por parte del Gobierno Nacional. Durante el lapso comprendido entre la notificación de la providencia y la fecha de publicación del decreto, el valor del salario mínimo para la vigencia 2026 seguirá correspondiendo al establecido en el Decreto 1469 de 2025. En términos de alcance jurídico, la medida cautelar no implica un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del aumento, sino que busca evitar efectos potencialmente irreversibles mientras se decide el fondo del asunto. 

El sector industrial deberá estar atento a la evolución de la controversia jurídica, particularmente al contenido del nuevo decreto transitorio que expida el Gobierno y el porcentaje que finalmente adopte; la evolución del proceso principal de nulidad, cuya sentencia definirá si el concepto de salario vital puede o no ser incorporado como criterio orientador en la fijación del mínimo; y las eventuales implicaciones macroeconómicas y fiscales que se deriven del ajuste definitivo, particularmente en un contexto de inflación moderada y recuperación económica gradual. La decisión marca un precedente relevante en cuanto al estándar de motivación exigido cuando el Gobierno fija unilateralmente el salario mínimo, especialmente si introduce criterios técnicos adicionales a los expresamente previstos en la ley.