La Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), mediante las Resoluciones 2581, 2582 y 2583 del 07 de mayo de 2026, tras evaluar las medidas arancelarias y restricciones comerciales implementadas por Ecuador y Colombia en el marco de la reciente escalada comercial bilateral, determinó que dichas disposiciones vulneran el ordenamiento jurídico andino, particularmente el Programa de Liberación previsto en el Acuerdo de Cartagena, así como los principios fundamentales de libre circulación de mercancías, armonización comercial, integración económica subregional y cumplimiento obligatorio de los compromisos supranacionales asumidos por los países miembros. La Secretaría concluyó que tanto la denominada “Tasa de Servicio de Control Aduanero” impuesta por Ecuador (actualmente fijada en una tarifa del 100 % sobre productos colombianos), como las medidas retaliatorias adoptadas por Colombia, incluyendo aranceles recíprocos (actualmente con tarifas del 35 %, 50 % y 75 % a determinados productos ecuatorianos) y restricciones a determinadas importaciones ecuatorianas, constituyen distorsiones incompatibles con las normas comunitarias que rigen el mercado andino y afectan el normal desarrollo del comercio intracomunitario. En consecuencia, otorgó a ambos países un plazo perentorio de diez (10) días hábiles para desmontar las medidas cuestionadas y restablecer condiciones comerciales ajustadas al régimen comunitario vigente.

Esta decisión adquiere especial relevancia en un contexto regional caracterizado por crecientes tensiones comerciales, presiones de seguridad fronteriza, políticas de protección económica y ajustes fiscales que han llevado a ambos gobiernos a adoptar medidas de defensa comercial con fundamento en consideraciones de seguridad nacional, equilibrio de balanza comercial y protección de sectores productivos estratégicos. Sin embargo, desde la perspectiva del derecho comunitario andino, tales actuaciones no pueden desconocer los límites impuestos por el Acuerdo de Cartagena ni justificar restricciones unilaterales que alteren injustificadamente el comercio entre miembros del bloque. 

Desde el punto de vista jurídico, el incumplimiento de las decisiones vinculantes y de obligatorio cumplimiento emitidas por la Secretaría General podría activar procedimientos formales ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, incluyendo acciones de incumplimiento contra los Estados infractores, con posibles repercusiones institucionales, diplomáticas y reputacionales significativas. Además de comprometer la responsabilidad internacional de Ecuador o Colombia dentro del sistema andino, una persistencia en medidas contrarias al derecho comunitario podría deteriorar la seguridad jurídica para inversionistas, exportadores y sectores industriales, al generar incertidumbre sobre la estabilidad normativa, previsibilidad comercial y vigencia efectiva de las reglas de integración económica regional. 

En términos estratégicos, el escenario plantea múltiples desarrollos posibles: el acatamiento oportuno por parte de ambos gobiernos permitiría reducir tensiones diplomáticas, restaurar la estabilidad comercial y preservar la credibilidad institucional de la CAN; una implementación parcial podría derivar en nuevos requerimientos regulatorios o supervisión reforzada; mientras que un desacato abierto podría escalar hacia litigios comunitarios, retaliaciones económicas adicionales y una fragmentación más profunda del proceso de integración andino, con potenciales consecuencias estructurales para la permanencia y relevancia futura del bloque regional. 

En este contexto, Ecuador y Colombia tendrán hasta el próximo 22 de mayo de 2026 para dar cumplimiento efectivo a las resoluciones emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina, desmontando las medidas arancelarias y restricciones comerciales declaradas incompatibles con el ordenamiento jurídico andino.