El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Trabajo, publico en fase de consulta pública un proyecto de decreto que tiene por objeto fortalecer el sistema de inspección, vigilancia y control en el ámbito laboral, mediante la incorporación de un capítulo específico sobre medidas preventivas en el Decreto 1072 de 2015. La norma establece nuevas reglas sobre el procedimiento, alcance y criterios que deberán aplicar las autoridades laborales para intervenir de manera inmediata ante riesgos que afecten los derechos de los trabajadores. 

Uno de los aspectos más relevantes de la norma es la definición de las llamadas “medidas preventivas”, definidas como órdenes inmediatas, proporcionales y temporales orientados a evitar la consumación o agravación de afectaciones a derechos laborales. Estas medidas podrán ser adoptadas por los inspectores de trabajo durante visitas o actuaciones administrativas, ya sea de oficio o a solicitud de parte, y deberán ejecutarse de manera inmediata.

A su vez, el decreto detalla un amplio catálogo de acciones que podrán ordenar las autoridades, entre ellas la suspensión de actividades que representen riesgos graves para la salud o la vida, la reubicación de trabajadores en condiciones inseguras, la separación de presuntos agresores en casos de acoso laboral o violencia de género, y la implementación de medidas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Asimismo, se contempla la posibilidad de exigir correctivos inmediatos en las condiciones físicas del lugar de trabajo y garantizar el acceso a atención médica o psicológica cuando sea necesaria. 

De igual forma, la norma introduce medidas relevantes en materia de protección de derechos colectivos, como la suspensión de prácticas que puedan constituir discriminación o persecución sindical, así como la interrupción de procesos de retiro voluntario masivo cuando se evidencie la intención de evadir la autorización del Ministerio del Trabajo. En cuanto al procedimiento, el proyecto de decreto establece que estas medidas deberán adoptarse mediante acto administrativo motivado, con base en una valoración técnica y jurídica del riesgo, en contra del cual procederá el recurso de reposición, aunque su interposición no suspenderá la ejecución de las medidas tomadas, reforzando el carácter de inmediato cumplimiento y preventivo de las medidas. Además, las autoridades podrán hacer seguimiento a su cumplimiento mediante visitas y requerimientos adicionales. El incumplimiento de las medidas preventivas dará lugar a sanciones, incluyendo la imposición de multas sucesivas y la posibilidad de suspender actividades empresariales, lo que incrementaría significativamente el nivel de exigencia para los empleadores. 

Para el sector empresarial, la eventual expedición de la nueva normativa implica la necesidad de fortalecer los sistemas internos de cumplimiento laboral, especialmente en lo relacionado con prevención de riesgos, acoso laboral, discriminación y seguridad y salud en el trabajo, en razón a que se elevan los estándares de diligencia empresarial y se exige una mayor capacidad de respuesta inmediata frente a situaciones de riesgo, consolidando un enfoque preventivo que tendrá implicaciones directas en la gestión operativa y de talento humano en las organizaciones.