Con la expedición del Decreto 0720 de 2026, el Gobierno Nacional avanza en la transformación del modelo de inspección, vigilancia y control en materia laboral. La norma adiciona un nuevo capítulo al Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (Decreto 1072 de 2015), desarrollando por primera vez un procedimiento específico para la adopción de medidas preventivas por parte de los inspectores de trabajo. Si bien las facultades preventivas de inspección ya habían sido fortalecidas por la reforma laboral, el nuevo decreto define su alcance, los criterios para su aplicación y las garantías procedimentales, consolidando un esquema de intervención temprana que privilegia la protección inmediata de los derechos de los trabajadores frente al enfoque tradicional basado exclusivamente en actuaciones sancionatorias.

Uno de los principales cambios introducidos por la reglamentación consiste en el fortalecimiento del carácter preventivo de la inspección laboral. En adelante, los inspectores no deberán esperar la culminación de una investigación administrativa para intervenir cuando identifiquen situaciones que representen un riesgo grave o inminente para los derechos laborales, la seguridad y salud en el trabajo, la libertad sindical, la igualdad o la dignidad de los trabajadores. La autoridad administrativa podrá adoptar medidas inmediatas dirigidas a evitar que el daño se materialice o continúe produciéndose, trasladando el énfasis desde la sanción posterior hacia la prevención del riesgo. Desde la perspectiva empresarial, este cambio representa una modificación sustancial en la relación entre las organizaciones y la autoridad laboral, donde la inspección deja de ser un mecanismo que actúa principalmente una vez ocurrida la infracción para convertirse en una herramienta de intervención inmediata, capaz de imponer obligaciones de cumplimiento mientras la actuación administrativa continúa su curso. En otras palabras, las empresas deberán estar preparadas para atender requerimientos correctivos de ejecución inmediata, incluso antes de que exista una decisión definitiva sobre la existencia de una infracción laboral.

El Decreto 0720 desarrolla además un catálogo amplio de medidas preventivas que podrán adoptar los inspectores de trabajo, entre ellas la suspensión de actividades que representen riesgos para la vida o la salud de los trabajadores, la orden de implementar controles inmediatos dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la entrega de elementos de protección personal, la reubicación temporal de trabajadores expuestos a riesgos, la adopción de medidas frente a situaciones de acoso laboral o violencia basada en género, así como otras actuaciones orientadas a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales en el entorno laboral. Estas medidas son de cumplimiento inmediato y su adopción no implica que exista una decisión definitiva sobre la responsabilidad del empleador, sino que buscan evitar la ocurrencia de daños mientras se adelanta la correspondiente actuación administrativa. Otro aspecto relevante de la reglamentación consiste en el fortalecimiento del principio de gestión del riesgo dentro de las organizaciones, donde se obliga implícitamente a las empresas a demostrar que cuentan con mecanismos eficaces para identificar, evaluar, prevenir y controlar los riesgos laborales antes de que la autoridad intervenga. Esto supone que documentos como la matriz de peligros, las evaluaciones de riesgos, los procedimientos operacionales, los programas de capacitación, las investigaciones de incidentes, los protocolos frente al acoso laboral y los mecanismos internos de reporte adquieren una importancia probatoria aún mayor durante las visitas de inspección.

Igualmente el decreto incrementa la importancia de la gestión documental dentro de las empresas; donde no bastará únicamente con cumplir materialmente las obligaciones laborales y de seguridad y salud en el trabajo, sino que también será indispensable demostrar documentalmente dicho cumplimiento. La trazabilidad de las capacitaciones, las inspecciones internas, los mantenimientos preventivos, las investigaciones de accidentes, las evaluaciones médicas ocupacionales, las entregas de elementos de protección personal y las acciones correctivas implementadas constituirán elementos determinantes para acreditar ante la autoridad que la organización administra adecuadamente sus riesgos. En este contexto, resulta recomendable que las empresas del sector realicen una revisión integral de sus sistemas de cumplimiento laboral, verificando que los procedimientos internos, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, los protocolos de prevención del acoso, las políticas de desconexión laboral, los mecanismos de atención de quejas y la documentación soporte se encuentren plenamente actualizados. 

Desde una perspectiva estratégica, la nueva normatividad evidencia un cambio en la política pública de inspección laboral en Colombia, donde se avanza hacia un modelo de supervisión basado en la prevención, la gestión del riesgo y la protección inmediata de derechos fundamentales, alineándose con las tendencias promovidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que privilegian mecanismos preventivos sobre respuestas exclusivamente sancionatorias. Este enfoque implica que las empresas deberán fortalecer sus programas de cumplimiento laboral y adoptar una visión integral del cumplimiento normativo, en la que la prevención, la trazabilidad y la mejora continua se convierten en elementos centrales de la gestión empresarial.

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