El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0581 del 5 de junio de 2026, mediante el cual reglamenta las disposiciones de la Ley 2466 de 2025 (Reforma Laboral) relacionadas con la tercerización e intermediación laboral ilegal. La norma adiciona un nuevo capítulo al Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo (Decreto 1072 de 2015) y establece criterios para que las autoridades laborales determinen cuándo una contratación mediante terceros constituye una actividad legítima o una práctica de intermediación prohibida por la legislación laboral. 

El decreto define conceptos relacionados con tercerización, intermediación laboral, empresas de servicios temporales, actividades permanentes y suministro de personal. Asimismo, desarrolla los criterios que deberán utilizar los inspectores de trabajo para identificar posibles esquemas de contratación que encubran relaciones laborales directas entre una empresa beneficiaria y trabajadores formalmente vinculados a contratistas, subcontratistas o proveedores de servicios. 

Uno de los aspectos más relevantes de la norma es la creación de una presunción reforzada de laboralidad cuando se utilicen esquemas de tercerización para la ejecución de actividades permanentes relacionadas con el objeto social o el giro ordinario de los negocios de una empresa. En estos casos, la autoridad laboral podrá presumir la existencia de un contrato de trabajo entre la empresa beneficiaria y las personas que ejecutan dichas actividades, salvo que existan pruebas objetivas que demuestren la autonomía técnica, administrativa, financiera y directiva del contratista. 

Para efectos de la fiscalización, el decreto incorpora un amplio catálogo de indicios que podrán ser evaluados por las autoridades laborales. Entre ellos se encuentran situaciones en las que el contratista carece de infraestructura física o tecnológica propia, no dispone de capacidad financiera suficiente, no asume los riesgos de la operación, carece de autonomía directiva o cuando el objeto contractual implica, en la práctica, el suministro de trabajadores para beneficio de un tercero. Adicionalmente, la norma establece que las empresas deberán estar en capacidad de demostrar que los contratistas cuentan con organización propia y estructura productiva suficiente para desarrollar las actividades contratadas. 

La regulación también establece indicios de subordinación que podrían evidenciar la existencia de una relación laboral directa con la empresa beneficiaria. 

Entre estos se encuentran la impartición de instrucciones por parte de la empresa contratante, la imposición de horarios, la determinación del lugar de trabajo, el ejercicio de facultades disciplinarias, la provisión de herramientas y equipos de trabajo o la intervención directa en decisiones relacionadas con contratación, renovación o terminación de personal. 

Respecto de las Empresas de Servicios Temporales (EST), el decreto reitera que estas únicamente podrán suministrar trabajadores en misión para atender necesidades ocasionales, accidentales o transitorias, reemplazos temporales de personal o incrementos excepcionales de producción, ventas o servicios. La norma prohíbe expresamente utilizar trabajadores en misión para atender necesidades permanentes de las empresas usuarias y establece que la rotación sucesiva de distintas empresas temporales para cubrir una misma necesidad será considerada intermediación laboral ilegal. 

Cuando se identifiquen prácticas de tercerización o intermediación ilegal, las autoridades laborales podrán ordenar medidas correctivas, exigir procesos de formalización laboral, suspender contratos irregulares e imponer sanciones administrativas. La norma también prevé la responsabilidad solidaria de las empresas beneficiarias frente a obligaciones laborales, prestacionales y de seguridad social cuando se configure intermediación ilegal mediante Empresas de Servicios Temporales. Las sanciones contempladas pueden alcanzar hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada infracción, además de medidas complementarias como suspensión temporal de actividades, revocatoria de autorizaciones de funcionamiento y restricciones operativas para las organizaciones involucradas. En casos de reincidencia, las multas podrán incrementarse hasta en un 50 % adicional. 

El nuevo marco normativo incrementa las exigencias de debida diligencia sobre los esquemas de tercerización y obliga a las compañías a revisar de manera integral sus modelos de contratación con proveedores, contratistas, operadores logísticos, empresas de servicios especializados y empresas de servicios temporales. Para sectores industriales, manufactureros, agroindustriales, de alimentos, logística y producción continua, donde es frecuente la contratación de actividades complementarias o especializadas mediante terceros, la regulación introduce mayores riesgos jurídicos asociados a la eventual reclasificación de relaciones comerciales como relaciones laborales directas. En consecuencia, las empresas deberán fortalecer la documentación que demuestre la autonomía técnica, financiera, administrativa y operativa de sus contratistas; así como revisar los mecanismos de supervisión contractual para evitar prácticas que puedan ser interpretadas como subordinación laboral, convirtiendo la gestión de la tercerización laboral en un asunto estratégico de cumplimiento corporativo.